El juez extiende a Estados Unidos la investigación sobre la criptosecta IM Academy

Un juzgado de Madrid ha ordenado a la Policía Nacional investigar a los responsables en Estados Unidos de la supuesta criptosecta IM Mastery Academy en el marco de las pesquisas llevadas a cabo desde hace dos años contra la empresa por una supuesta estafa piramidal reclutando a jóvenes y menores.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, fechado el pasado 27 de febrero y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado solicita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que abra varias nuevas líneas de investigación.

Entre ellas, esclarecer la posible responsabilidad delictiva de tres altos cargos de la IM Master Academy estadounidense, entre ellas su consejero delegado, dado que ve una "estrecha vinculación" con los hechos delictivos ocurridos en España.

Esta conclusión se desprende de las conversaciones telefónicas en las que Iván Briongos, considerado uno de los supuestos responsables de la trama, mantiene con los responsables estadounidenses acerca de "cómo organizar la pirámide" de estafas.

Asimismo, el juez solicita a los agentes que investiguen un fondo de inversión italiano posiblemente relacionado con las estafas y manejado por uno de sus responsables, así como el desglose de los movimientos bancarios y de las operaciones de envío y recepción de criptomonedas de Briongos y otros sospechosos de participar en la trama.

Estas nuevas pesquisas se realizarán después de que la acusación ejercida por la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (Redune) interpusiese un recurso ante la negativa inicial del juez a llevarlas a cabo, posteriormente revocada.

IM Academy, una supuesta academia de inversiones que captaba a jóvenes y menores de edad a través de las redes sociales o en discotecas, es objeto de una investigación policial y judicial desde hace cerca de dos años.

En marzo de 2023 la Policía detuvo a ocho responsables de la supuesta criptosecta en España -entre ellas a Briongos- como presuntas responsables de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, después de las denuncias presentadas por cientos de familias afectadas.