El juez del caso mascarillas ha ampliado la imputación sobre el empresario Alberto Luceño a un posible delito agravado contra la Hacienda Pública y a otro de falsedad en documento oficial, y le ha citado como investigado por estos hechos para el próximo 10 de febrero.

Alberto Luceño ya era investigado, junto a Luis Medina, por los presuntos delitos de estafa, blanqueo y falsedad en documento mercantil, al embolsarse entre ambos más de 6 millones de dólares en tres contratos para vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, por los que el Consistorio pagó 11,9 millones.

Recientemente el magistrado Adolfo Carretero amplió la investigación a Luceño ante la sospecha de que pudo "distorsionar su actividad y profesión para facilitar el presunto engaño" al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas dado que guardaba en su casa una placa y una tarjeta del CNI "íntegramente falsas".

Ahora, en un auto fechado ayer lunes, el juez amplía la causa para Luceño por un posible delito agravado contra la Hacienda Pública y otro delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Y le cita como investigado para el próximo 10 de febrero a las 10:30 horas, junto a la jefa del Equipo de Investigación de la Agencia Tributaria que hizo un informe sobre el IRPF de 2020 de Luceño que desveló un posible fraude.

En el auto conocido este martes, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid amplía la causa contra Luceño por esos dos delitos, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción tras aportar un informe de Hacienda que indica que el investigado dejó de ingresar en las arcas públicas, al hacer el IRPF de 2020, la cantidad de 1.351.386 euros.

Fue "como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas en el presente procedimiento", ya que no pudo imputar sus ingresos a la sociedad que regenta, Takamaka Invest "porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones".

Así el juez aprecia "indicios de la comisión de un delito fiscal agravado del que habla el Ministerio Público".

Sobre el delito de falsedad en documento oficial, el magistrado explica que en el registro practicado en la casa del empresario se intervino una placa falsa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ahora la investigación "debe ampliarse a la manipulación de una serie de documentos" firmados por el alcalde de la capital y otros cargos municipales.

Contra este auto, firmado el lunes, cabe recurso ante el propio juzgado en el plazo de tres días, y ante la Audiencia Provincial durante cinco días.