El juez del "caso 3 %" ha citado a declarar como investigados a representantes de 15 empresas por pagar presuntamente comisiones a CDC, a través de sus funciones afines, a cambio de la adjudicación de obras públicas de la Generalitat y de ayuntamientos controlados por el partido, como el de Barcelona.

En su auto, a que ha tenido acceso Efe, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata fija las declaraciones entre los día 3 y 5 de julio y cita también como investigados al extesorero de CDC Daniel Osàcar -condenado por las "mordidas" del caso del Palau de la Música-, al expresidente de la empresa pública Infraestructures.cat Josep Lluís Quer y al empresario Jordi Sumarroca.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados -un total de 28 obras- y en un millón de euros las presuntas "donaciones irregulares" pagadas por empresarios a CDC a través de sus fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.

En virtud de la última reforma legal que establece la posible responsabilidad penal de las entidades jurídicas, el juez imputa los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a una quincena de empresas que presuntamente pagaron comisiones a CDC, entre las que figuran ACS, Copisa, Urbaser, Teyco, Oproler y Soler Constructora.

Según el auto, que hoy avanzan "El País" y "El Periódico de Catalunya", las presuntas mordidas se pagaban por adjudicaciones de distintas obras públicas, entre ellas la reforma de la plaza de les Glòries por parte de la empresa municipal Bimsa en la etapa del convergente Xavier Trias al frente del consistorio barcelonés, u obras en el puerto de Barcelona licitadas por la Autoridad Portuaria.

En opinión del juez, en unas ocasiones las comisiones eran una "contraprestación" por la adjudicación de obras públicas concretas, pero en otras "las donaciones se realizaban, de acuerdo con los jerarcas políticos del partido, para crear o mantener una buena relación" con ellos y así "ser consideradas elegibles y ser tomadas en consideración" en futuros concursos públicos.

Con ese fin, añade el magistrado, bajo el control del extesorero Andreu Viloca, también imputado en la causa, "se llevaba a cabo un control exhaustivo de las licitaciones de obra pública y servicios concursados por diferentes administraciones (todas bajo la esfera de poder de CDC), sea la propia Generalitat o ayuntamientos, diputaciones, consells u otros organismos autonómicos.

Asimismo, añade el auto, ha habido "múltiples empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para alterar en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación" de administraciones controladas por el partido, "a cambio de efectuar gran cantidad de pagos" a la formación.

Las empresas, sostiene el juez, actuaron "siempre con el afán de disimular esas donaciones" mediante dos operativas: efectuando los pagos desde distintas sociedades o fundaciones pertenecientes al mismo holding y haciéndolas llegar a "las distintas fundaciones que tenía disponibles CDC para obtener financiación".