El Partido Popular y Ciudadanos consideran que Quim Torra ya no es diputado del Parlament ni presidente de la Generalitat, mientras que Pedro Sánchez sostiene lo contrario y espera reunirse pronto con él. ¿Pero por qué hay afirmaciones opuestas sobre si el líder catalán conserva la condición de jefe del Govern?

Lo cierto es que Quim Torra mantiene su credencial de diputado porque el Parlament no se la ha retirado, pese a que así se lo pidió la Junta Electoral Provincial de Barcelona el pasado viernes, después de que la Junta Electoral Central (JEC) ordenara revocar su acta de parlamentario por haberse negado a retirar lazos amarillos de edificios públicos.

Sin acta de diputado, Torra podría perder su condición de president de la Generalitat, ya que el Estatut establece que este cargo "es elegido por el Parlamento de entre sus miembros".

La cadena de decisiones que han abocado a Torra a esta situación comenzó el pasado 19 de diciembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenó a año y medio de inhabilitación para el ejercicio de empleo y cargo público por un delito de desobediencia.

El líder catalán se había negado a cumplir la orden de la JEC de retirar de edificios públicos los lazos amarillos, un símbolo independentista, en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril.

Esta condena no implicaba su cese inmediato como presidente, dado que no era firme, pero le impedía volver a ser candidato.

La JEC entra en juego

El 3 de enero, la JEC estimó un recurso del PP y, parcialmente, otros presentados por Vox y Cs, para inhabilitar al presidente catalán tras su condena, de modo que acordó (por siete votos a favor y seis en contra) dejar sin efecto de forma inmediata el acta de diputado autonómico de Torra y, por tanto, ordenar a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que se la retirara.

La decisión de la JEC invocaba el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que declara inelegibles a los condenados por sentencia firme o no firme por una serie de delitos, entre ellos el de actuar contra la "administración pública" y "las instituciones del Estado".

La defensa de Torra solicitó al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas para dejar en suspenso esta resolución mientras estudiaba su legalidad, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal rechazó el viernes 10 por unanimidad esta petición y no accedió a suspender de urgencia el acuerdo de la JEC.

Pese a ello, el presidente del Parlament, Roger Torrent, aseguraba horas después que Torra seguía siendo "diputado de pleno derecho".

Parlament y Junta Electoral se disputan las competencias

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En consecuencia, Torrent anunció un recurso de la Mesa de la Cámara autonómica ante el Supremo con el argumento de que el órgano competente para ordenar la inhabilitación no es la JEC, sino el Parlamento catalán en aplicación de su reglamento.

En contra de ese criterio, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó ese mismo día ejecutar la orden de la JEC, al entender que no tenía competencias para suspenderla, y más cuando el Tribunal Supremo había rechazado hacerlo horas antes.

De modo que la Junta Electoral de Barcelona ordenó retirar a Torra su credencial de diputado y sustituirle por Ferran Mascarell, el siguiente en la lista electoral de JxCat.

Pero esta decisión no ha zanjado la polémica sobre la situación actual de Torra, porque los letrados del Parlament emitieron este martes un informe jurídico que avala la continuidad de Torra como diputado y presidente, al entender que la JEC solo posee competencias "en relación a los procesos electorales en curso y hasta que concluyen".

President hasta que haya condena firme

Los letrados de la Cámara argumentan que "no es posible una declaración de inelegibilidad sobrevenida" según lo dispuesto en el Estatut y en la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern, que establece como causa del cese en el cargo de presidente una "condena penal firme".

En el caso de Torra, todavía no hay una sentencia firme porque aún están pendientes de resolverse varios recursos presentados ante el Supremo.

A la vista de este informe jurídico, la Mesa del Parlament desestimó, con los votos de JxCat, ERC y PSC, las peticiones de Cs y PP para que se le retirara el acta a Torra y presentó además un recurso ante el Supremo contra el acuerdo de la JEC que le deja sin escaño, basado en el argumento de que es la propia Cámara y no la Junta Electoral el órgano competente para la inhabilitación de un diputado.

PP, Vox y Cs han respondido ya a esta iniciativa de la Mesa del Parlament: El Partido Popular presentará una querella por desobediencia contra Torrent y otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament (también contra Torra por usurpación de funciones), mientras que el partido de Santiago Abascal ya ha interpuesto una querella criminal contra los cinco ante el TSJC.

En cuanto a Ciudadanos, ha pedido a la Junta Electoral que actúe contra esta decisión de la Mesa de la Cámara autonómica y ha anunciado igualmente acciones legales contra los cinco por prevaricación y desobediencia.

En resumen: A falta de una conclusión judicial definitiva que esclarezca por completo la situación de Quim Torra, la realidad es que hasta ahora nadie le ha retirado el acta de diputado y sigue ejerciendo el cargo de presidente de la Generalitat.