Desde que estalló, el 'Koldo Gate' ha eclipsado la actualidad de la última semana. La noticia saltaba el pasado miércoles cuando conocíamos que la Guardia Civil detenía a un entonces desconocido Koldo García, y al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama.

Poco a poco el caso Koldo ha ido tomando cuerpo, no solo por la importancia de los implicados, que apuntaba a varios miembros del Gobierno y del PSOE, sino también por el quid de la cuestión que se investigaba.

Koldo era desconocido para el gran público pero no un cualquiera. Había sido nada menos que el asesor del exministro socialista, José Luis Ábalos, mano derecha entonces del propio presidente del Gobierno.

¿Qué se investiga?

En el foco de los investigadores, una presunta trama de cobros de comisiones en contratos de mascarillas en el peor momento de la pandemia de COVID, que podrían ascender a más de 50 millones de euros.

De hecho, la Fiscalía tiene pocas dudas de que se trata de una “organización criminal” que se concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para “mediar y conseguir” adjudicaciones para después tratar de “ocultar estos cobros” y evitar su trazabilidad.

Así lo hizo constar en la querella que presentó en 2022 contra siete personas y que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencia, se dibujan como telón de fondo en este procedimiento.

Mordidas: ¿De qué contratos se trata?

La denuncia presentada por el PP de Madrid, que está en el origen de la causa, pedía investigar 13 contratos, tres de ellos adjudicados en los momentos más duros de la pandemia a la empresa más renombrada estos días: Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas.

Se apunta también a que fue adjudicataria de otros cinco con el procedimiento de emergencia.

Entre los contratos investigados figuran ademá, uno de 20 millones de euros por el suministro de mascarillas adjudicado por Puertos del Estado; otro de 12,5 millones de euros por ADIF y un tercero adjudicado la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente del Ministerio del Interior, de 3,4 millones. Los tres entre marzo y abril de 2020.

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¿Qué papel han jugado Baleares y Canarias?

La trama recordemos, apunta también las irregularidades en la compra de mascarillas de los ejecutivos de Baleares y Canarias gobernados durante la pandemia por los socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. El dirigente canario, ahora ministro de Política Territorial, ha negado por lo pronto estar implicado en cualquier tipo de ilegalidad.

Y es que bajo la lupa figuran cuatro contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud, que ascienden a unos 12,3 millones de euros; y uno del Servicio de Salud de Baleares por 3,7 millones.

Fondos europeos: ¿Por qué Europa se mosquea?

De hecho otra de las variables en este caso es la irrupción de Europa que entra en juego precisamente por estos últimos contratos. Algunos remitidos a la Fiscalía Europea por afectar a fondos comunitarios. "A Europa le mosquea que se utilicen fondos europeos con fines no demasiado claros", ha advertido en este sentido Carlos Herrera.

Se menciona también otra adjudicación por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), del ministerio de Sanidad, “sin especificar el precio final”. El titular entonces del ministerio de Sanidad era Salvador Illa, ahora primer secretario del PSC y jefe de la oposición del Parlament catalán, otro de los nombres salpicado estos días.

En su defensa Illa ha insistido en que su departamento "no contrató servicios de la empresa de Koldo García" y que "no salió ni un solo euro del Ministerio hacia esta empresa".

¿Quién es quién? Las caras de la trama

José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez

Precisamente el juez que investiga el caso Koldo ha apuntado directamente al que fuera número tres del Partido Socialista con Sánchez, como intermediario en el cobro de comisiones ilegales, según hemos conocido hoy a través del auto al que ha tenido acceso COPE.

De momento no figura como investigado (imputado).

El exministro socialista, también diputado, mantendrá su escaño en el Congreso pero ahora en el grupo mixto, tras desoír el ultimátum que le dio el PSOE para renunciar a su acta en el Congreso.

Su partido sí que le ha suspendido de militancia aunque él ya ha anunciado que la recurrirá.

"Una presidenta del Congreso tocada a punto de hundirse, un ministro, el canario, Ángel Victor Torres, afectado por la misma trama y de la misma manera, el líder del PSOE en Cataluña, Salvador Illa, cuyo papel es decisivo en la situación política actual, también en la picota por el mismo escándalo. No parece que en ninguno de los tres casos, el PSOE vaya a ser tan expeditivo como lo ha sido con Ábalos y esa es una de las razones de fondo de la rebeldía de Ábalos", analizaba Carlos Herrera.

Koldo García, la cara del caso

Ostentó cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021.

Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios contratos.

A cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco en su aumento patrimonial -1,5 millones de euros en dos años- y en su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su mujer, hija o hermano, también investigado.

La Fiscalía menciona en su querella reuniones entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA, Vicente Calzado.

Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF

Los investigadores infieren de las conversaciones intervenidas que podría ser considerado un “comisionista” y creen que los contratos investigados fueron un “proyecto conjunto” entre él y el empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un beneficio de 5,5 millones de euros.

Ambos tendrían una “estrecha relación” con Koldo García, con quien De Aldama habría contactado “al menos en una ocasión” para “agilizar trámites” con el Ministerio de Transportes en contrataciones.

Juan Carlos Cueto

“Líder” del grupo Cueto, aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la empresa que está bajo sospecha.

Se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable “de hecho” de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como “empresa instrumental”. Se calcula que habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros, presuntamente.

Joseba García, hermano de Koldo García

Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros entre 2020 y 2022).

Ha estado vinculado a organismos dependientes de Transportes desde 2019, algo que “no puede desvincularse de la posición” de su hermano.

Patricia Ruiz, esposa de Koldo García

Ha sido detenida y puesta en libertad. Es la titular de gran parte de los bienes adquiridos con ingresos del exasesor de Ábalos.

José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil

Destinado en el Ministerio de Transportes, habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023 y es uno de los querellados por la Fiscalía.

Hay “indicios” de “su conocimiento y posible participación” en los hechos y, según el juez, es también una “pieza clave en la gestión de los contratos investigados”.

Aparece como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de Barco de Valdeorras con las “plusvalías” que obtuvo presuntamente Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.

Israel Pilar Ortiz, empresario

Aunque la querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el juez menciona su “protagonismo” en algunas conversaciones analizadas, en las que se le consideraría el “enlace” o el “primer eslabón”, y apunta al posible cobro de comisiones.

Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas: La empresa en la diana

Esta empresa se constituyó en 2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en 2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670 euros en 2021. Entre 2018 y 2021 fue adjudicataria de los contratos investigados.

La ausencia de relación de estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones-, está entre las irregularidades denunciadas se encuentra la

Su titular es Íñigo Rotaeche, si bien los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo Cueto.

El PP: El papel de la oposición

Además de que la denuncia, germen de la causa, fuera presentada por el PP madrileño, los populares han insistido en la idea de que no solo se trata del caso Koldo, ni del caso Ábalos, "es el caso Sánchez".

En este sentido Carlos Herrera ha recordado en su monólogo que probablemente Sánchez "esté pasando los peores días desde que es presidente del Gobierno, con todos los frentes abiertos".

En este contexto, este mismo jueves, los populares se han reunido de urgencia para analizar el goteo de informaciones que se va conociendo. día tras día. Una de las últimas hace referencia a las reuniones que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, mantuvo con el supuesto comisionista de una trama de la que todavía queda mucho por conocer.