La defensa del exdirector de Trabajo Javier Guerrero ha concluido hoy su informe señalando que, según las tesis acusatorias, la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, la Fiscalía y las acusaciones "podrían indiciariamente haber incurrido" en los mismos delitos que imputan a su cliente.

El letrado José Ávila representa a Guerrero, uno de los principales acusados del caso ERE, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta.

En el cierre de su informe final, cuya exposición desarrolló ayer durante siete horas, ha defendido que si las acusaciones mantienen que Guerrero cometió prevaricación y malversación del global de los fondos destinados a las ayudas, sin distinguir si éstas fueron o no desviadas a otros fines o a beneficiarios sin derecho, la jueza Alaya y las acusaciones "podrían haber incurrido" también en prevaricación y en omisión del deber de perseguir el delito.

Y ello porque no imputaron a los 6.500 prejubilados que recibieron las ayudas ni han reclamado individualmente todas las cantidades percibidas, habiendo "permitido o dado continuidad a la malversación" por cuanto el juzgado instructor "pudo y debió" adoptar "medidas encaminadas al procesamiento o declaración de responsabilidad civil de todas las personas beneficiadas".

Igualmente se ha preguntado por qué Alaya, que "tuvo la certeza meridiana de tan graves delitos durante los años 2011 y 2012 mientras que acusaba discriminada o indiscriminadamente, no urgió en ningún momento durante la fase de Instrucción a la Consejería de Empleo, Junta de Andalucía, compañías aseguradoras o a quién correspondiese que se dejaran de abonar todas las prestaciones".

La defensa de Guerrero ha arremetido duramente contra la acusación popular que ejerce el PP andaluz en este caso, al considerar que el mismo "está sustentado en una incapacidad del PP para conseguir la presidencia de la Junta de Andalucía y/o para tapar las vergüenzas que en casos de corrupción le ha ido surgiendo y saltando por todas las comunidades autónomas, sin tener en cuenta el daño personal y moral que a los acusados les ha causado".

Si ayer defendió que Guerrero dio las ayudas siguiendo un procedimiento "otorgado y mandatado por sus superiores" de la Consejería de Empleo, hoy ha calificado de "totalmente absurdo, impensable e irrealizable que ninguno de los presidentes ideara un sistema para delinquir", en alusión a los acusados Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Y menos que "lo compartieran con más de 40 personas (que fueron los primeros imputados) de distintas consejerías y organismos oficiales, además de varios sindicatos, despachos de abogados, asociaciones de trabajadores, etc., y que además de lo anterior, implicaran a más de 6.000 trabajadores".

Ha criticado que "las acusaciones sin distinción" de las partes obedecen a "un discurso político mediático que ha viciado la verdadera claridad del Derecho".