El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha designado este martes una comisión especial que se encargará de investigar el supuesto caso de corrupción que afecta a ocho diputados de la Asamblea Nacional.

Guaidó ha propuesto a la Asamblea Nacional crear una comisión especial "que asuma con seriedad, urgencia y profundidad el esclarecimiento de los hechos denuncias y que se establezcan las responsabilidades individuales a las que haya lugar".

La Asamblea Nacional, integrada ya por 'chavistas' y opositores, ha dado luz verde a su propuesta. Así, la Comisión Especial empezará sus trabajos de forma inmediata y tendrá 15 días para llevarlos a cabo.

Con tal fin, podrá realizar todas las diligencias que estime oportunas, pero respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los diputados señalados, según informa el Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Guaidó.

"Esta Asamblea Nacional y su Junta Directiva debemos ser justos con los inocentes pero implacables con aquellos cuya culpabilidad quede demostrada, por lo que nos resulta inadmisible no hacer lo que nos corresponde: investigar, determinar los hechos y las responsabilidades", ha indicado Guaidó.

El líder opositor ha destacado que la Asamblea Nacional "se ha levantado de inmediato para no tolerar ningún caso de corrupción", por contraposición al Gobierno de Nicolás Maduro, "que luego de 20 años no ha investigado o discutido ningún caso de corrupción en el que se haya visto envuelto, como Odebrecht o PDVSA, entre otros".

"A los venezolanos le pido que vean la radical diferencia entre las acciones del Gobierno interino, que de inmediato da respuestas y ordena una investigación" y "la dictadura", ha pedido.

El portal de noticias Armando.Info ha destapado una supuesta red corrupta en la que estarían implicados al menos ocho diputados opositores y que habría realizado gestiones para el empresario Carlos Lizcano, vinculado al programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), utilizado por el Gobierno de Maduro para distribuir alimentos a bajos precios y que ha estado en el foco de las denuncias sobre corrupción en los últimos años.

El reportaje afirma que los diputados se estarían "prestando (...) a hacer por encargo gestiones informales ante organismos de la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos" para que dichos organismos "absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido".

En este contexto, Guaidó ha aclarado este martes, haciendo énfasis en "las autoridades extranjeras", que "ningún funcionario del Gobierno legítimo o diputado está autorizado para expedir ningún documento o aval de 'buena conducta' a personas naturales o jurídicas sometidas a investigación, pues la representación legal ante terceros recae solo en quien ejerce la Presidencia".

"Es por ello que se les insta a desestimar cualquier documento que en ese sentido haya sido emitido, pues carece de todo valor legal al no estar suscritos por mí en mi condición de Presidente de la Asamblea Nacional", ha añadido.