Uno de los primeros compromisos que asumió el presidente Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa fue el de rendir cuentas ante la ciudadanía de forma periódica para reforzar la calidad democrática y las instituciones. Sin embargo, cuestiones como la ejemplaridad, la transparencia o la mejora del servicio público chocan frontalmente con la realidad política del Gobierno de España cuando en los tres últimos años ha demostrado ser el más opaco de toda la democracia.

Hasta en un total de 1.203 resoluciones el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha arbitrado a favor tanto de entidades como de ciudadanos anónimos a los que el Estado les había negado el acceso a información oficial a la que tenían derecho. Es decir, en más de un millar de ocasiones el Gobierno de Sánchez ha violado la ley de Transparencia mientras se instalaba en un antidemocrático secretismo para negar ilícitamente el acceso a multitud de expedientes públicos solicitados por la ciudadanía.

Según los datos dispuestos por el CTBG y analizados por COPE, el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública y velar por las disposiciones de buen gobierno, nunca se habían registrado tantas peticiones de amparo ante la censura impuesta por los distintos ministerios a la hora de garantizar al ciudadano su libre derecho de acceso a la información pública.

A pesar de este irregular silencio administrativo en el que se ha instalado el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, Transparencia no contempla consecuencias legales. El CTBG no tiene capacidad para sancionar el incumplimiento de las resoluciones, por lo que Sánchez puede seguir ignorando los requerimientos de los ciudadanos. Aun así, este vacío legal no exonera al presidente del Gobierno de haber cedido ante otra de sus promesas electorales: “Los y las socialistas creemos que es necesario avanzar hacia una democracia más abierta, transparente y participativa”.

El 8-M y la gestión de Gobierno ante las primeras muestras de pandemia en el mundo

Entre las cuestiones que el CTBG tuvo que enfrentar por esta presumible ausencia de transparencia se encuentran varias relacionadas con las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2020.

Según una de estas reclamaciones, estimada por el organismo independiente ante la negativa del Gobierno, perseguía conocer“si hubo colectivos feministas que solicitaron anular el 8M” así como “las recomendaciones científicas que permitían celebrar el 8M en Madrid y en el resto de España”.

El CTBG valoró la reclamación presentada ante el Ministerio de Sanidad y le exhortó a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remitiera al reclamante la información demandada.

Crisis migratoria en Canarias

El éxodo migratorio es otro de los temas por los que el CTBG ha afeado al Gobierno durante los últimos meses. La llegada indiscriminada de migrantes a las costas canarias en el año 2020, cuando —según las cifras oficiales del Gobierno— arribaron en el archipiélago unas 22.000 personas, lo que representaba un aumento del 881% respecto al año anterior, provocó otro sinfín de requerimientos sorteados por el Gobierno.

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Según aclara Transparencia en uno de estos expedientes, “hay que señalar que no solo se trata de información que obra en poder de la Administración, sino que la solicitud de acceso relativa a estos aspectos sirve a los objetivos de control de la actuación pública y de conocimiento de cómo se gastan los fondos públicos, por lo que, a juicio de éste Consejo, el acceso a la información solicitada, en este caso ante una cuestión de trascendencia como es la autorización del traslado de migrantes desde Canarias a la península, se corresponde con la finalidad de la LTAIBG, tal y como viene expresada en su preámbulo”.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos, el CTBG decidió que las reclamaciones debían ser estimadas por el ministerio competente. De este modo, otorgó al Ministerio del Interior a que remitiera la información demandada.

El ‘procés’ y el hermetismo de Sánchez

Según varios medios de comunicación y citando fuentes del Ministerio del Interior, 300 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron heridos durante los disturbios producidos en Cataluña tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. A este respecto, la Fundación Ciudadana Civio, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, requirió conocer sobre el número total de miembros heridos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una vez más, no constó respuesta de la Administración.

El Gobierno, en su argumentación, alegó que la información que se solicitaba estaba relacionada con una operación policial que “continúa desarrollándose y no ha finalizado”.

Transparencia, por su parte, arguyó entonces que la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, conocida como la Sentencia del ‘procés’, fue publicada con fecha 14 de octubre de 2019, es decir, transcurrido “mes y medio si tomamos como referencia la fecha de la resolución dictada por el Ministerio del Interior y cuatro meses desde la fecha de la presente resolución”.

Además, en la página web del Ministerio del Interior, y con fecha 21 de octubre de 2019 se publicó una nota de prensa titulada: “Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska visitan a los agentes de policía heridos en los violentos disturbios de Barcelona”. En este comunicado se informaba de que se “han desplazado este lunes a Barcelona para visitar a los agentes heridos en los violentos altercados de estos días y para encontrarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de la seguridad en Cataluña”.

Por lo tanto, Transparencia lo tuvo claro: “podemos concluir razonablemente que la información objeto de la solicitud era conocida por el Ministerio del Interior en el momento de dictar la resolución”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en base a los argumentos y razonamientos expuestos por el CTBG, concluyeron con la estimación de la reclamación.

Radar Covid: un polémico proyecto de dudosos resultados

Desde el primer momento de la explosión de la pandemia en el mundo, el rastreo de los casos covid se convirtió en una prioridad. Para ello nació Radar Covid, la aplicación que buscaba luchar contra la propagación del virus y en la que el Gobierno invirtió más de tres millones de euros en la creación y promoción de esta app.

Sobre este asunto también se le ha demandado expedientes públicos al Ejecutivo. La respuesta, una vez más: el silencio.

“Solicito la memoria justificativa del contrato adjudicado a Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U para el diseño, desarrollo, piloto y evaluación de un sistema que permita la trazabilidad de contactos en relación con la pandemia ocasionada por la covid-19”.

Esta fue una de las peticiones registradas y en las que de nuevo tuvo que intervenir el CTBG para que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital facilitara a este ciudadano el contrato firmado por ambas partes con las cláusulas correspondientes; la memoria justificativa; todos los pliegos, incluyendo el pliego de condiciones, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas; metodología y demás documentación complementaria.

La fundación ciudadana Civio también se interesó por este tema, y llegó a solicitar el expediente de contratación completo, incluidos todos los documentos que formen parte del proceso. Transparencia tuvo que intervenir para que se procediera con la petición.

El comité de expertos: un verdadero quebradero de cabeza para Moncloa

El Partido Popular lo llegó a calificar como “una mentira más” del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis del coronavirus. Más tarde, el Ministerio de Sanidad lo reconoció en una respuesta oficial al Defensor del Pueblo en la que admitió —además— que jamás existió un comité de expertos que asesorara al Gobierno para decidir la desescalada de las autonomías y las provincias.

Antes de esta escandalosa declaración, Transparencia tuvo que gestionar una avalancha de peticiones en las que se instaba al Gobierno a que informara sobre el listado completo de los miembros del comité que le había asesorado. También se solicitaba la publicación de los documentos sobre los procedimientos de selección de los integrantes de dicho comité y las declaraciones de intereses de los integrantes de dicho comité.

“Ante la falta de contestación, la solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha de entrada el 24 de agosto de 2020”.

Otra de las peticiones que se desprenden desde la fundación ciudadana fue la relacionada con todas las comunicaciones entre representantes del Ministerio e individuos que trabajen para Google, Facebook, Apple, Microsoft y Amazon desde agosto de 2016.

Civio, instó al Gobierno a que le facilitara, además de esta información, un calendario de reuniones (incluyendo asistentes) entre representantes del Ministerio con esas compañías o sus representantes durante ese mismo periodo de tiempo.

El uso del helicóptero Super Puma y el avión Falcon

La ley franquista de Secretos Oficiales, aún en vigor, es una de las que aplica el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de justificar el uso reiterado en sus desplazamientos del avión Falcon y el helicóptero Super Puma. En el último mes, el presidente Sánchez ha movilizado 54 veces el Súper Puma y el Falcon para ir a actos del PSOE en Málaga, Alicante, Gran Canaria, Bilbao, Murcia y Santiago Compostela. Por este motivo, el CTBG le ha reprochado en varias ocasiones.

En este sentido son varias las solicitudes que Transparencia ha cursado para que el Ejecutivo cese en su irregular silencio administrativo e informe del uso de las aeronaves del Ejército del Aire.

Cuestiones como las partidas destinadas al gasto de combustible; el coste en dietas tanto del presidente y sus acompañantes; o el gasto en retribuciones para el personal de tripulación y seguridad, son las más demandadas. Todas ellas se encuentran con la misma respuesta: no consta respuesta de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

Ante la negativa, Transparencia no deja lugar a la duda: “hay que resaltar que los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los presupuestos generales del Estado. Es, pues, dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía”.

El caso Ghali: otro frente judicial contra el Gobierno

La entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España el pasado 18 de abril también provocó un aluvión de peticiones de información de carácter público que el Gobierno se empeñó en ocultar.

Este caso lleva, de momento, dos imputaciones: el de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el de Camilo Villarino, que fuera su jefe de Gabinete. Ambos están acusados de presunta prevaricación por permitir la entrada del histórico dirigente saharaui con una identidad falsa.

Una de las peticiones de amparo remitida a Transparencia tras la negativa del Gobierno a pronunciarse, solicitaba “la copia íntegra de la documentación, cualquiera que sea su formato, por la cual se ordenó el ingreso en el centro hospitalario y documentación justificativa de la necesidad u oportunidad del ingreso”.

El requerimiento también contemplaba la “copia de las comunicaciones efectuadas desde el Gobierno de España al Gobierno de La Rioja, comunicando el ingreso en el centro hospitalario de Logroño de Brahim Ghali” y las “fechas en las que se autorizó desde el Gobierno de España la entrada en España de Brahim Ghali e instrucciones dadas a las Fuerzas de Seguridad encargadas del control de fronteras para permitir su entrada en España bajo documentación falsa”.

Por motivos formales, la reclamación fue atendida por el CTBG.