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El Gobierno refuerza operativas para tratar de luchar contra los incendios

La contratación del servicio de coordinación tendrá un importe máximo de 1.688.386 euros y ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas Eliance Aviation- Heligrafics

El Gobierno refuerza operativas para tratar de luchar contra los incendios

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 16:33

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado un acuerdo por el que se declara la adjudicación por procedimiento de emergencia para contratar un servicio de coordinación de medios aéreos y análisis y monitorización de incendios forestales.

La contratación del servicio de coordinación tendrá un importe máximo de 1.688.386 euros y ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas Eliance Aviation- Heligrafics, según informa un comunicado del Miteco.

Este dispositivo está formado por cuatro aviones de coordinación y observación, que actuarán durante toda la campaña de verano.

Estas aeronaves son de gran utilidad en la extinción de incendios, ya que permiten disponer de información detallada del fuego en todo momento.

Además, también entrarán en funcionamiento siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP), que permiten mejorar la capacidad de coordinación desde tierra.

La contratación de estos medios es de "capital importancia", ya que no disponer de este dispositivo de monitorización supone "un grave peligro para la seguridad de las operaciones de extinción en las que interviene un número elevado de aeronaves".

El Miteco cuenta con una flota de 69 medios aéreos para la extinción de incendios -18 aviones anfibios Cl-215T y CL-415, 4 helicópteros de vigilancia, 8 helicópteros bombarderos Kamov, 10 aviones de carga en tierra AT-802, 6 aviones anfibios AT-802FB, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, 4 aviones de coordinación y observación (ACO)-, que se suman a los 190 medios que contratan las Comunidades Autónomas. Este elevado número de recursos hace necesario "garantizar una adecuada coordinación de las actuaciones de extinción".

Este amplio despliegue responde al régimen de incendios de España, caracterizado por un máximo absoluto de superficie quemada durante los meses de julio y agosto y al máximo relativo durante el mes de marzo.

Por otro lado, el cambio climático provoca que se extiendan los periodos de máximo riesgo, algo que se está empezando a constatar en las últimas campañas de verano, en las que se han registrado grandes incendios forestales durante el mes de junio.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado también luz verde al acuerdo por el que aprueban las actuaciones de emergencia para la recuperación medioambiental del área afectada por el incendio forestal de Arico (Tenerife) por un importe máximo de 300.000 euros.

El pasado 20 de mayo se declaró en la isla de Tenerife un incendio forestal que quemó 3.025 hectáreas en los términos municipales de Arico y la Orotava, que provocó daños en zonas de cultivo y a masas de pinar canario, un hábitat natural de interés comunitario perteneciente a la Red Natura 2000.

El fuego afectó también a las aves nidificantes, algunas exclusivas del archipiélago como el pinzón azul del Teide (Fringilla teydea teydea), las dos palomas endémicas (Columba bollii y Columba junoniae) y al mosquitero canario (Phylloscopus canariensis).

También se han visto afectadas tres de las cuatro especies de reptiles autóctonas; la lisa (Chalcides v. viridanus), el perenquén (Tarentola d. delalandii) y las dos subespecies del lagarto tizón de Tenerife: Gallotia g. galloti y G. g eisentrauti.

Las tres son características de las zonas abiertas y soleadas, aunque la lisa habita preferentemente en zonas bajas.

Además de la pérdida intrínseca del valor ecológico de esta zona forestal y la eliminación de la función protectora de la vegetación (que acelera la erosión), los incendios afectan a los balances hidrológicos, ya que reducen la infiltración y provocan un aumento de escorrentías superficiales.

Según el Gobierno, la emergencia de estas obras está justificada ante el riesgo de posibles lluvias que aceleren y agraven los procesos erosivos, con graves consecuencias para personas y bienes y, posteriormente, facilitar a la Comunidad Autónoma la restauración integral de los espacios dañados a más largo plazo.

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