La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, juzga el próximo viernes, 10 de febrero, a un hombre acusado de estafar casi 60.000 euros a la Xunta. Por este motivo, el Ministerio Fiscal pide para él cuatro años de prisión.

Según se detalla en el escrito de Fiscalía, en abril de 2019 el Sergas estableció un contrato con una empresa para suministrar el material necesario para configurar el sistema de cableado estructurado en centros dependientes del Servizo Galego de Saúde por el que se emitió una factura de 59.596,61 euros.

En este contexto, el acusado, "actuando en todo momento con ánimo de ilícito enriquecimiento", se hizo pasar por una persona que fingía actuar en nombre de la empresa. De este modo, remitió correos electrónicos a la cuenta de la Consellería de Sanidade en los que solicitaba información sobre el pago de las facturas relacionadas con este servicio.

En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que para dar apariencia de que era una persona autorizada por la empresa y conseguir la información aportó datos como el número de expediente o el número de las facturas e importe, de modo que generó en el funcionario con el que realizó estas comunicaciones "la creencia de que la persona con la que se comunicaba" pertenecía a dicha empresa. Por eso, informó al ahora acusado de que las facturas estaban en trámite para proceder a su pago.

Ante esta situación, aprovechó la información obtenida y contactó nuevamente con el funcionario para comunicarle que iban a cerrar la cuenta corriente en la que la administración efectuaba los pagos derivados de la ejecución del contrato. Así, solicitó que realizase los trámites necesarios para que el importe de la factura se transfiriese a una nueva cuenta.

Por este motivo, continúa Fiscalía, "el funcionario, confiando en la apariencia de veracidad creada por el acusado efectuó el cambio solicitado por éste".

Así, la Xunta efectuó el pago de la factura a esta nueva cuenta de una empresa de la que era apoderado el acusado y, días después, entre el 26 de septiembre y el 16 de octubre de 2019, se retiraron en efectivo y a través de cajero diversas cantidades que ascendían a 49.000 euros

Una vez que la administración autonómica verificó que el pago realizado "había sido fruto de un engaño", abonó a la empresa correcta la cantidad acordada en el contrato.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita imponer al acusado la pena de cuatro años de prisión, además de abonar a la Xunta 59.596,61 euros en concepto de indemnización.