Explosiva primera semana del juicio a García Ortiz: política, enfrentamiento, militancia y desmemoria

Política, enfrentamiento, militancia, mucha militancia, y desmemoria. Es lo que se ha visto en los tres primeros días del juicio del Fiscal General. Lo conocíamos del sumario, de otras declaraciones en instrucción, pero en el juicio se puso voz. García Ortiz no reconoce los hechos. Un no breve y rotundo cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó al término de la lectura de hechos por parte de la letrada de la administración de Justicia. Lo dijo desde los estrados, donde se sienta, con su toga de fiscal.

Fiscalía y Abogacía del Estado, a su lado, piden la nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Hicieron hincapié en la entrada y registro de la Fiscalía y en toda la información volcada y plasmada en los informes de la UCO. La abogada del Estado, Consuelo Castro, calificó la instrucción del juez Ángel Hurtado de inquisitiva. Y dijo que el magistrado buscó pruebas incriminatorias con la idea preconcebida de que García Ortiz era culpable.

DISPARIDAD DE CRITERIOS

Con la intervención de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quedó clara, una vez más, la disparidad de criterios con su superior, por no decir enfrentamiento. A Lastra le preocupaba que se filtrasen los correos. Se trataba de un ciudadano particular y no veía la prisa en la nota. Se podía esperar para hacer las cosas bien. Le dijo a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que si enviaba los correos al la Fiscalía General los iban a filtrar. Lastra quedó en hacer la nota de prensa, pero se encontró con que la hizo García Ortiz, se la dictó en parte a su directora de comunicación, según dijo Mar Hedo en la vista. Y además de la nota se encontró con la filtración, y le preguntó directamente a García Ortiz si la había filtrado. A lo que el Fiscal General respondió: “eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes”. Por cierto que Pilar Rodríguez explicó que dijo en su wasap aquello del cianuro por desahogo. Desde la Comunidad de Madrid “la pusieron en solfa”. Y algo que quedó claro desde la Fiscalía es que no hay ningún protocolo de borrado de móviles al que aludió García Ortiz cuando borró el suyo una semana después de su imputación.

Cuando llegó el turno de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, dijo que González Amador no era ningún delincuente confeso como habían dicho desde el gobierno, era un español que quería llegar a un pacto con Hacienda, pero Hacienda no le dejó. Alguien lo impidió, manifestó. Y el propio González Amador acusó al Fiscal General de haberle matado públicamente. Le reventaron sus derechos y tras la publicación del correo electrónico del pacto pasó a ser “el delincuente confeso del Reino de España”. No tiene ninguna fe. Y llegó a decir ante el tribunal que o se va de España o se suicida. Algo que el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, con cierta sorna, no le recomendó y le dijo que lo consultase con su abogado.

LLEGÓ LA DESMEMORIA

Y el tercer día llegó la desmemoria. La que fuera asesora de Moncloa y actual número dos del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, no sabe quien le envió el pantallazo con la información que pretendía que utilizase Juan Lobato en la Asamblea de Madrid contra Ayuso. Sabe que fue un periodista pero no recuerda quien, mejor dicho, “no puede recordar”. No explicó si se le había olvidado o el “no poder” se lo había impuesto alguien. Y Juan Lobato, que dimitió como líder del PSOE madrileño tras llevar su teléfono al notario, aseguró que no utilizó el wasap por prudencia, no conocía el origen de la información. También dijo que pidió la dimisión de Ayuos por responsabilidad, no recibió instrucciones de Moncloa, pero había una línea de partido. Y había hablado con Santos Cerdán. Por cierto, al Supremo acudió con una carpeta del PSOE. El martes, continuará.