El exdirector de los Mossos Pere Soler propuso a los consellers de Interior y de Justicia, Joaquim Forn y Carles Mundó, querellarse contra la Fiscalía por falta de competencia para ordenar un plan de actuaciones al Cuerpo para impedir el 1-O al entender que correspondía TSJC por afectar al derecho a la participación política.

"Creo que el fiscal no tiene potestad para hacer esas peticiones cuando afecta a derechos de terceros", ha argumentado a preguntas del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha querido saber a qué derechos se refería tratándose de un referéndum ilegal, a lo que ha respondido que al de la "participación política" y ha querido puntualizar que, pese a esta consideración, los Mossos cumplieron "escrupulosamente" con lo ordenado.

Soler, el tercer acusado en declarar en el juicio por la actuación de los Mossos en el "procés", ha sido interrogado por el fiscal acerca de las sucesivas instrucciones que fue dando la Fiscalía a los Mossos para evitar la celebración del referéndum.

Instrucciones que el fiscal ha cuestionado que pudiera conocer dado su carácter reservado, teniendo en cuenta que sus funciones al frente de los Mossos no eran de Policía Judicial, sino meramente gubernativas, a lo que Soler, a preguntas de su abogado Cristóbal Martell, ha matizado que sabía de su contenido porque se hicieron públicas a través de los medios de comunicación.

A cuenta de estas instrucciones, el fiscal le ha preguntado acerca de un correo que remitió al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero el 27 de septiembre de 2017 expresándole que "no podían permitir que se obligue a impedir al cuerpo de Mossos d'Esquadra nada que en sí mismo no sea delito, lo mande quien lo mande".

Añadía además que "de acuerdo con el mandato parlamentario que emana del pueblo de Cataluña se ha decidido ejercer el derecho de autodeterminación como derecho colectivo", y proponía iniciar una campaña llamada "Jo acuso" para que los ciudadanos denunciasen en los Juzgados que se impedía su derecho a votar.

En este mismo correo planteaba asimismo que se emprendieran medidas contra la actuación del Ministerio Fiscal, consideraciones que transmitió también a los consellers Forn y Mundó.

Al respecto de estas afirmaciones, Soler ha advertido al fiscal que no se pueden sacar de contexto, ya que no tienen sentido sino se tiene en cuenta el informe que adjuntaba en ese mail.

Según ha explicado, en ese informe discutía la competencia de la Fiscalía al entender que era el TSJC al que correspondía dictar el plan para impedir el referéndum.

"Yo lo que quiero es que el TSJC se pronuncie porque entiendo que la Fiscalía no tiene esa competencia", ha insistido, al explicar que si pidió a los consellers que adoptasen medidas fue porque creía que no se podía ordenar a través del fiscal lo que se pedía a Mossos.

Poco después, ha recordado, el asunto se judicializó y la magistrada del TSJC Mercedes Armas tomó las riendas y dictó un auto con las medidas a adoptar de cara a impedir el referéndum.

En ese momento, ha señalado, "dejo de hacer ya ninguna consideración jurídica, ningún tuit, ni nada".