El exalcalde de Molins y cargo de Torra defiende ante el juez su apoyo al 1-O

El director de la Oficina del Presidente de la Generalitat, Joan Ramon Casals, ha defendido este jueves ante el juez que como alcalde de Molins de Rei (Barcelona) tenía la obligación de facilitar el referéndum del 1-O, porque la votación no era delito y emanaba de un mandato del Parlament.

Casals, hombre de confianza del presidente catalán Quim Torra, ha declarado este jueves como investigado ante el juez de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que instruye la querella por desobediencia que la Fiscalía presentó contra él por apoyar el 1-O cuando era alcalde de Molins de Rei por el PDeCAT, según fuentes jurídicas.

El exalcalde, que dejó el Ayuntamiento el pasado mes de enero tras ser nombrado por Quim Torra director de la Oficina del Presidente, ha acudido a declarar, arropado por decenas de manifestantes, convocados por la ANC y Òmnium Cultural, y dirigentes políticos de JxCat, como la diputada Anna Tarrés y el senador Josep Lluís Clèries.

En su declaración, Casals se ha negado a contestar a las preguntas planteadas por la Fiscalía y sólo ha respondido a su defensa, ante la que ha defendido que colocar urnas para votar no es delito y ha mantenido que los Ayuntamientos estaban obligados a facilitar el referéndum, porque lo había aprobado el Parlament de Cataluña.

En declaraciones a la prensa tras su declaración, el exacalde se ha mostrado convencido de que la causa que tiene abierta por desobediencia por su papel en el 1-O se le archivará, como ha sucedido con otras denuncias presentadas por la Fiscalía por el apoyo municipal al referéndum.

La querella contra Casals es resultado de la instrucción que, en vísperas del referéndum, dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se investigara a alcaldes que habían cedido equipamientos municipales para el 1-O, en la que adjuntaba un listado de 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales.

Finalmente, la Fiscalía ha acabado denunciado a media docena de alcaldes que a su parecer facilitaron infraestructura para la votación, cuando había sido ya suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) y varias de las querellas han sido archivadas.

En su querella contra Casals, el ministerio público le acusa de dictar un decreto en el que manifestaba su "pleno" apoyo al 1-O y ordenaba que dicha resolución fuera comunicada a la Generalitat, a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y a la Asociación de Municipios por la Independencia.

Además, añade la Fiscalía, el 8 de septiembre de 2017, cuando ya había sido advertido personalmente a través de la Delegación del Gobierno de la resolución del TC, el entonces alcalde de Molins remitió un mensaje a todos los usuarios del correo electrónico del Ayuntamiento en que anunciaba que el consistorio facilitaría los "espacios habituales de votación" para acoger las urnas del 1-O.

También en un discurso pronunciado el 11 de septiembre, el querellado aseguró que las escuelas del municipio estarían abiertas como centros de votación, añade el ministerio público en su querella.

Finalmente, sostiene el ministerio público, "desatendiendo deliberada y conscientemente el requerimiento" del TC, Casals permitió que el 1-O abrieran cuatro locales de titularidad municipal de Molins que, "gestionados también por el Ayuntamiento, fueron utilizados como centros de votación" del referéndum.