Los indultos de los condenados del Procés, con el informe en contra de la Fiscalía, y la situación judicial de Pablo Iglesias por el caso “Dina” son algunos de los pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo. También está pendiente la decisión de la Fiscalía del Supremo sobre las tres líneas de investigación acerca del Rey Emérito. El fiscal Juan Ignacio Campo tiene que decidir si traslada o no las diligencias al Tribunal. Ninguna de las tres líneas de investigación está judicializada.

2021 se presenta con una importante actividad judicial, de fuerte calado político y de proyección mediática. Uno de los últimos casos es “Neurona”, la investigación de un juzgado de Madrid sobre la supuesta financiación irregular de UNIDAS PODEMOS en la campaña electoral de 2019, un posible desvío de fondos de casi 400.000 euros de las cuentas electorales para otros fines. Causa en la que están investigados altos cargos del partido, además de la propia formación morada como persona jurídica.

Protagonista, sin duda, será el excomisario Villarejo, investigado en la Audiencia Nacional por el “caso Tándem”, separado en una veintena de piezas y procesado ya por algunas de ellas. Lleva tres años en prisión preventiva y los primeros juicios podrían celebrarse este año. Pero el primero será el 15 de enero en un juzgado penal de Madrid por denuncia falsa y calumnias al exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. La Fiscalía pide para el comisario jubilado dos años de cárcel.

En febrero se celebrará el juicio de los Papeles de Bárcenas, aunque se investiga una pieza separada en la Audiencia Nacional. Relacionado con el PP se investigan, además, los casos “Púnica” y “Lezo” que afectan, principalmente, a Francisco Granados y a Ignacio González. Previsiblemente, este año se conocerá la fecha para juzgar al clan Pujol Ferrusola por el presunto origen ilícito de su patrimonio. Otros casos de corrupción son el 3% en Cataluña, relativo a la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), una estructura de financiación encubierta por la que están procesadas veintiocho personas físicas y dieciséis jurídicas, incluido el PDECat.

Dos políticos tienen pendiente su paso por el Tribunal Supremo. Son Laura Borrás, diputada y candidata de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, y Alberto Rodríguez, diputado y secretario de Organización de Podemos. La política catalana por supuestas adjudicaciones irregulares a un amigo cuando presidía el Instituto de las Letras Catalanas, y el político canario por presunto delito contra agentes de la autoridad en una manifestación en 2014 en protesta por la LOMCE. Se encontraba en las Islas el entonces ministro José Ignacio Wert.

En la Audiencia Nacional tiene que repetirse el juicio anulado a Arnaldo Otegui, que fue condenado a 6 años y medio por pertenecía a ETA por el “caso Bateragune”. Cumplió la condena y recurrió al Tribunal de Estrasburgo por una respuesta de la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo. Le dijo que “ya sabía yo que no me iba a contestar” tras preguntarle si condenaba la violencia de ETA. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el líder de Bildu no tuvo un juicio justo. La semana próxima, el 11 de enero, se retomará el juicio de los atentados de Barcelona y Cambrils, que está a punto de finalizar.