El presidente y vicepresidente de la constructora madrileña Grupo Ortiz han declarado hoy ante el juez del caso 3 % que donaron en 2010 dinero a dos fundaciones ligadas a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) dentro de una estrategia comercial para entrar en el mercado catalán.

Juan Antonio Carpintero y Emilio Carpintero han comparecido hoy en la Audiencia Nacional como investigados por haber hecho donaciones de un total de 220.000 euros a las fundaciones Catdem y Forum Barcelona, entidades que supuestamente sirvieron para financiar ilegalmente a CDC.

El juez sospecha que estos pagos fueron en realidad comisiones abonadas a Convergencia a cambio de la adjudicación de la ampliación del colegio público La Trama en Sabadell (Barcelona), que se produjo en las mismas fechas que los pagos.

Según fuentes presentes en su declaración, los empresarios han reconocido hoy ante el juez que hicieron esas donaciones, pero han alegado que no sabían que las fundaciones estaban vinculadas a un partido político.

Los empresarios han afirmado que pagaron ese dinero, que a su entender iba destinado a actos culturales, dentro de una estrategia comercial para darse a conocer y tener presencia en Cataluña, con el fin último de entrar en el mercado catalán.

El juez atribuye a los empresarios delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo en relación al contrato de ampliación del colegio, adjudicado a la UTE Impulsa Grupo Ortiz con Ortiz Construcciones y Proyecto.

Dicha UTE comenzó estando en el puesto vigésimo quinto de las empresas que se presentaron al concurso, pero terminó en primera posición al incrementar en diez puntos la valoración técnica, una circunstancia que podría responder, según el juez, "al objetivo de provocar una adjudicación concreta".

De la Mata identifica varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos, efectuadas poco antes a la adjudicación del concurso, siempre los mismos días.

Los ingresos realizados tienen lugar de febrero a mayo de 2010 y ascienden a 90.000 euros en el caso de Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones Icma Proakis y Elecor, mientras que Impulsa Grupo Ortiz llegó a pagar 130.000 euros.

Esta última filial estuvo presidida desde 2012 a 2016 por el exconseller de Educación con Jordi Pujol Joan Maria Pujals (antes fue apoderado), a quien el juez sitúa en "reiteradas" reuniones desde 2011 a 2013 con el extesorero de CDC y también investigado en la causa Andreu Viloca.

Según el juez, fue este exconseller quien atribuyó a Juan Antonio Carpintero y a Emilio Carpintero "la toma de decisiones" sobre las citadas donaciones, y señaló que las habían tomado "de modo personal y exclusivo" y que él solo cumplió órdenes.

En la causa del 3 %, el juez investiga una trama en la que altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios, pusieron en marcha "una estructura para financiar ilegalmente el partido" mediante "donaciones" a fundaciones afines efectuadas por "múltiples mercantiles" a cambio de adjudicaciones públicas.