Si los planes de Pedro Sánchez se cumplen y fuera investido presidente del Gobierno esta semana, lo habría logrado casi tres meses después de que se celebrasen las elecciones del 28 de abril. Casi noventa días donde los tira y afloja, puntos muertos y los comicios europeos, autonómicos y municipales de por medio han retrasado unas negociaciones donde las discrepancias de cómo debe ser el próximo Ejecutivo entre el PSOE y Podemos nos han dejado al borde de la repetición electoral para el próximo otoño.

A muchos se les ha hecho eterno este periodo. Casi insufrible. Pero, llegados a este punto, cabe recordar que si Sánchez es investido no habrá sido el presidente que más tiempo ha requerido para llegar a un acuerdo.

Y si no lo crees, aquí va un primer dato: Rajoy fue investido por segunda vez presidente del Gobierno el 29 de octubre de 2016, cuando los comicios se celebraron cuatro meses antes. Para ser investido, precisó previamente de un acuerdo con Ciudadanos que no llegaría hasta finales de agosto. En el acuerdo, los naranjas arrancaron a Rajoy varios compromisos de calado, como paralizar la reforma educativa de la LOMCE, la recuperación del gasto público en Educación, Sanidad y dependencia a los niveles previos a los recortes; un pacto contra la violencia machista; la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana o dar los pasos para la reforma de la Constitución.

Un acuerdo que costó dos meses en sellar, pero que era insuficiente para investir a Rajoy, ya que entre populares y naranjas sumaban 170 escaños. Seis menos que la mayoría absoluta. Todas las miradas estaban puestas en el PSOE, cuya dirección nacional, liderada por Pedro Sánchez, se negaba en rotundo a que sus 84 diputados dieran luz verde a un gobierno del PP. ¿Recuerdan el ‘no es no’ de Sánchez en el comité federal? 

Finalmente, Rajoy no tuvo que realizar ningún movimiento para deshacer el entuerto. Fue la guerra interna vivida en el PSOE, que costó el puesto a Pedro Sánchez, lo que indirectamente propició su investidura, después de que la gestora que tomó las riendas del partido de la rosa aprobara abstenerse. Quince de los diputados socialistas fueron fieles al exsecretario general y votaron en contra. En cualquier caso, aquella decisión impidió que los españoles acudieran por tercera vez a las urnas en menos de un año.

Una operación no menos sencilla fue la que permitió a José María Aznar ser investido en 1996, cuando por estrecho margen el PP ganó las elecciones de aquel año al PSOE de Felipe González, que gobernaba el país desde 1982. Alcanzó la mayoría gracias al Pacto del Majestic, sellado entre el PP y CIU (ver para creer) por el cual, el partido que por aquel entonces lideraba Jordi Pujol, daba su apoyo a Aznar a cambio de otorgarle más competencias a Cataluña, concretamente en materia de policía de tráfico y el desarrollo de un nuevo modelo de financiación.

El proceso de negociación se prolongó por un periodo de dos meses desde el momento en el que se celebraron las elecciones, el 3 de marzo de 1996 y hasta que Aznar fue investido presidente en el pleno del 4 de mayo. No solo era necesario el apoyo de CIU, también debía sumarse para alcanzar la mayoría absoluta el PNV. En este caso, el acuerdo se produjo el 29 de abril, entre el por aquel entonces vicelehendakari Ibarretxe y ex Ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

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La cuarta y última Legislatura de Felipe González no fue fácil para él desde el principio. Pese a que las encuestas daban victorioso al PP en los comicios de 1993, finalmente el PSOE logró dar la vuelta a las encuestas e imponerse a los populares. El cambio tenía que esperar tres años más. En cualquier caso, el estrecho margen hizo que González tuviese que emplearse a fondo para seguir gobernando. La corrupción en el seno de sus gobiernos, la crisis económica y el creciente paro de comienzos de los noventa, hizo que la popularidad de Felipe González cayese de manera paulatina. Finalmente fue investido el 9 de julio de 1993, gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. En esta ocasión, el pacto se produjo tan solo un mes después de celebrado los comicios (algo impensable actualmente).

Los partidos nacionalistas CiU y PNV recibieron de González un reconocimiento de la necesidad de regular la corresponsabilidad fiscal y el desarrollo pleno de los estatutos de autonomía. Los socialistas llegaron a ofrecer incluso a los nacionalistas vascos la cartera de Industria. Finalmente rechazaron la oferta. El Gobierno de González, que tenía que negociar con los nacionalistas, cedió el 15 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas, y, entre otras cosas, imposibilitó con los votos convergentes constituir una comisión investigadora de la trama GAL en el Congreso.