PP y PSOE han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial para que sea presidido por el conservador Manuel Marchena a cambio de una mayoría progresista de once a nueve miembros de los veinte que lo componen. Podemos también ha negociado esta renovación y ha conseguido incluir algún miembro de su agrado. 

Doce de los nuevos vocales son jueces y magistrados, seis de ellos propuestos por el Congreso y los otros seis propuestos por el Senado. Los otros ocho miembro son juristas de reconocida competencia, cuatro los propone el Congreso y otros cuatro el Senado.

Estos son los nuevos miembros del CGPJ:

Manuel Marchena será el nuevo presidente tanto del CGPJ como del Tribunal Supremo. Es un magistrado de talante dialogante y con una larga y reconocida trayectoria en la carrera judicial, iba a presidir ese juicio como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cargo que abandonará para asumir las riendas del CGPJ si no se desbarata el acuerdo parlamentario.

En el lado progresista designados por el Congreso y el Senado: 

• El magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prada. 
• Carmen Sáez Lara, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba.
• Luis Martín Contreras, letrado de la administración de justicia en el Supremo.
• Pilar Fernández Pérez, fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales.
• Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo de Asturias y exalto cargo del PSOE en el Principado.

En el lado conservador designados por el Congreso y el Senado: 

• José Miguel Castillo, abogado y exdiputado.
• Manuel Altava, magistrado y actualmente presidente de la Comisión de Justicia del Senado.
• Rosa Rubio, miembro de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal.

Entre los propuestos por las asociaciones de jueces: 

• Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial, esposa del juez Pablo Llarena y candidata que más avales logró de sus compañeros.

Vocales de extracción judicial propuestos por el sector progresita:

• La exdiputada de Podemos Victoria Rosell. 
• José María Fernández Seijo, juez que llevó ante la justicia europea la ley hipotecaria. 
• Esther Erice, presidenta de la Audiencia de Navarra.
• Ángel Arozamena, magistrado del Tribunal Supremo.
• José María del Riego, magistrado del Tribunal Supremo.
• Inmaculada Montalbán, expresidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. 

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Vocales de la carrera judicial propuestos por el sector conservador: 

• María Tardón, recientemente elegida magistrada de la Audiencia Nacional y avalada por la asociación Francisco de Vitoria.
• José Antonio Montero, magistrado del Tribunal Supremo.
• Alejandro Abascal, magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid). 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL CGPJ?

El artículo 122 de la Constitución Española recoge que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Jucial de España y su función principal es velar por la garantía de independencia de los jueces.

Su atribuciones están recogidas en el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones:

1.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

2.ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.

3.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.

4.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

5.ª Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

6.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.

7.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

8.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.

9.ª Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos.

10.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.

A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que habrán de elaborarse los libros electrónicos de sentencias, la recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.

11.ª Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su Director y a sus profesores.

12.ª Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su Director y al resto de su personal.

13.ª Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales.

14.ª Nombrar al Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.

15.ª Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.

16.ª Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias:

a) Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

b) Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública.

c) Órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.

d) Publicidad de las actuaciones judiciales.

e) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.

f) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.

g) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.

h) Especialización de órganos judiciales.

i) Reparto de asuntos y ponencias.

j) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.

k) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.

l) Establecimiento de las bases y estándares de compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia.

m) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.

En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo.

17.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.

18.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.

19ª Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá las competencias propias de aquélla, únicamente respecto a la actuación de Jueces y Magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales.

20.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

21.ª Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.

La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al Juez o Magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial.

22.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.

23.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

24.ª Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial.