En la primera semana del estado de alarma, una buena parte de los juzgados de violencia de género vivía una calma que no era habitual. Pero en la segunda semana volvió la normalidad y también volvieron las denuncias. Con la publicación del decreto la actividad judicial se paralizó. Sólo se atiende lo urgente. En esta cuestión se atienden los casos que llegan a través de la Policía, detenidos por violencia de género o si se solicitan medidas de protección para la mujer o los menores y órdenes de alejamiento. Lesiones y quebrantamiento de órdenes de alejamiento son los delitos más frecuentes. Pero en estos tiempos de coronavirus lo que cambia es la forma, aunque el trabajo es el mismo. Se intenta que en el juzgado haya el menor número de personas. Si hay un detenido se establece una videollamada o videoconferencia con la Comisaría. Y se evita el desplazamiento al juzgado de agentes, detenido y abogado, nos cuenta Jorge Fernández Vaquero, magistrado del juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.

Con la videollamada el abogado puede asistir al detenido. Hay que garantizar la privacidad. Después el juez le informa de sus derechos y le toma declaración. Y si se piden medidas cautelares el abogado puede presentar sus alegaciones. De esta manera se evita el desplazamiento de cuatro o cinco personas al juzgado, explica el magistrado Fernández Vaquero.

Los delitos más frecuentes son lesiones y quebrantamiento de órdenes de alejamiento

El noventa por ciento de los casos en violencia de género entra por denuncias que se presentan en comisaría, señala el juez. Una vez presentada la denuncia y solicitadas medidas de protección, para la mujer y sus hijos menores, y orden de alejamiento, la Policía le da cita en el juzgado de violencia sobre la mujer. Generalmente para el día siguiente. Estos días, en el juzgado, se puede garantizar la distancia de seguridad. Hay menos gente, comenta Jorge Fernández Vaquero. Hay poco público porque sólo se estudian cuestiones urgentes. La investigación de cualquier caso está parada hasta que se levante el estado de alarma. Y está el personal justo, el que permite la situación que vivimos. En su juzgado, habitualmente con nueve funcionarios, en estos días hay uno. Pero hay refuerzo si es necesario por el volumen de trabajo.

Lo que no se puede hacer en estos días de confinamiento es dejar de denunciar casos de violencia de género, insisten las Fuerzas de Seguridad del Estado, que hacen un llamamiento a familiares y vecinos de posibles víctimas para que lo hagan. La campaña canaria “Mascarilla

19” se está extendiendo a otras comunidades. La víctima puede ir a la farmacia y decir esa palabra clave. El farmacéutico ya sabe que tiene que tiene que tomar sus datos y llamar al 112 o al 016. Está dando sus frutos. La violencia machista sigue puertas adentro en este estado de alarma. La mujer vive con su enemigo y el de sus hijos.