El Constitucional aborda la ley trans sin consenso: Una primera deliberación y sin votación alguna

El Tribunal Constitucional aborda este 29 de abril el recurso del Partido Popular contra la ley trans a partir de la ponencia que ha elaborado el magistrado progresista y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que avala los principales aspectos de la norma, que también son los más polémicos. A su vez, propone declarar inconstitucionales dos infracciones disciplinarias.

Según fuentes jurídicas, el debate del recurso se acotará en "una primera deliberación", pero "sin votación", lo que es lo mismo, "sin tomar por el momento decisión alguna" al respecto porque los magistrados del Alto Tribunal consideran que ante un tema  "tan controvertido" se aspira a "alcanzar un consenso mayoritario" que "en el momento actual no existe".

voces en contra entre los magistrados progresistas

El ponente, Juan Carlos Campo, puede utilizar esta primera aproximación para conocer la posición y argumentación del conjunto de los magistrados y, una vez así, lo pueda tomar en consideración para modificar su ponencia.

Línea Editorial: "El precipicio de la Ley Trans"

Dentro de los magristrados progresistas, hay distintas sensibilidades que discrepan de varios aspectos de la norma, algo que ya sucedió en la tramitación de la ley, que partió en dos al movimiento feminista.

Tanto es así que la ven "difícil de cerrar", entre otras cosas, por las definiciones sobre el sexo y el género y toda la polémica sobre los derechos de las personas trans e intersexuales.

Los tres aspectos más polémicos de la ley 

La ley trans cuenta, sobre todo, con tres aspectos polémicos, que llevaron al Partido Popular a presentar un recurso al Constitucional al considerar un disparate la norma que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años y advierte de consecuencias lesivas sobre todo en los menores.

• La autodeterminación de género es el primer aspecto polémico de la ley ya que determina que son las personas quienes deciden si son trans o no. Basta con ir a un Registro Civil  para comenzar un  trámite que suele durar un máximo de 4 meses. No es necesaria una evaluación médica y los mayores de 16 años podrán hacerlo sin permiso de sus padres. Entre los 14 y los 16 solo podrán con permiso paterno; entre 12 y 14 con autorización judicial y con menos de 12 años, podrán cambiar el nombre del DNI, pero no el género.  

• Segundo aspecto polémico tiene que ver con los tratamientos hormonales. Se abre la puerta a que los menores, si tienen más de 16 años, puedan recibirlos sin permiso de sus padres.

• Y tercer punto polémico y no menos importante: se prohíben las terapias de conversión o aversión aunque la propia persona esté interesada en hacerlas. Se limita de esta forma la exploración de un profesional, de un médico que pueda investigar por qué está sucediendo esta disforia de género y también acompañar al paciente.

  “colonización ideológica” impropia de un estado democrático  

 Cuando el Gobierno aprobó la norma, la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, calificó la ley como “colonización ideológica” impropia de un estado democrático.  

En su Firma del 11 de octubre de 2022, José Luis Restán, presidente de Ábside Media, destacaba la "gran preocupación el doctor Celso Arango, jefe del servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Gregorio Marañón, que denuncia una verdadera explosión de falsos casos de transexualidad que se afrontan de un modo que luego resulta irreversible, con graves consecuencias para las personas. Los obispos se hacen eco, precisamente, de numerosos testimonios de personas que se han sometido a la reasignación sexual hormonal y quirúrgica, que no han visto solucionado su problema. 

El doctor Arango sostiene, además, que la autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta ley, es una locura desde el punto de vista científico y médico. En lugar de abrir un amplio diálogo con las instancias científicas y éticas de nuestra sociedad, el gobierno ha optado por otorgar a las ensoñaciones ideológicas de una minoría fuerza de ley, lo que está teniendo consecuencias nefastas, incluso antes de su entrada en vigor. Los obispos denuncian un “irracional dogmatismo ideológico”.