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El Consejo de Ministros aprueba este martes extender los ERTE y la ayuda a los autónomos

Junto con los ERTE, el Consejo de Ministros aprobará la extensión hasta el 31 de mayo de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos

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El Consejo de Ministros va a aprobar este martes la prórroga hasta el 31 de mayo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la covid-19 y de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.

La extensión de los ERTE se aprueba después de que el Gobierno cerrara el pasado martes un acuerdo con patronal y sindicatos que mantiene el esquema de exoneraciones, la protección a los trabajadores y la obligación de mantener plantillas para las empresas que se acojan a ellos.

Esta tercera prórroga tendrá un coste que superará los 5.000 millones de euros, entre prestaciones a los trabajadores y exoneraciones en las cotizaciones de las empresas. Con cifras a cierre de año hay cerca de 756.000 trabajadores en ERTE, un paraguas que en el peor momento de la crisis llegó a amparar a más de 3,4 millones de empleados.

Junto con los ERTE, el Consejo de Ministros aprobará la extensión hasta el 31 de mayo de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, tras acordarlo con las organizaciones más representativas, según ha confirmado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, este lunes en la Sexta.

En el acuerdo se incluyó reducir del 75 % al 50 % el nivel de caída de actividad para acceder al cobro de la prestación, que en los últimos cuatro meses ha protegido a más de 350.000 autónomos.

CLAÚSULA DE SALVAGUARDA DE LAS PENSIONES

El Consejo de Ministros previsiblemente también aprobará la prórroga durante 2021 de la cláusula de salvaguarda de la reforma de las pensiones de 2011, que garantizaba las condiciones de jubilación previas para las personas despedidas antes de su entrada en vigor el 1 de abril de 2013 y que no trabajaron más.

La extensión de la vigencia de la cláusula tendrá efecto desde el 1 de enero y está condicionada a que ninguna de las personas afectadas haya sido incluida en ningún régimen de la Seguridad Social después del 1 de abril de 2013.

Gobierno y agentes sociales pactaron esta garantía en la reforma de 2011 para que quienes no volvían a encontrar trabajo llegasen a la jubilación sin ver disminuida su expectativa de pensión, dado que ya no tenían posibilidad alguna de reacción. El Gobierno del PP limitó la vigencia de esa cláusula a 2018 y el posterior Gobierno del PSOE la prorrogó para 2019 y 2020.

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