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Cárcel o suspensión: Las consecuencias de desvelar lo sucedido en la Comisión de Secretos Oficiales

Ciudadanos y Vox sopesan querellarse contra Gabriel Rufián, por haber revelado información sobre el espionaje a independentistas trasladada por la directora del CNI

¿Qué consecuencias tiene desvelar lo sucedido en la Comisión de Secretos Oficiales?

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián (i), conversa con el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal (d), en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2022, en Madrid (España). El pleno gira en torno a la tramitación como proyecto de ley del decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Ese decreto anticrisis incluye medidas como el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina, la desvinculación del IPC de la renovación anual de los contratos del alquiler o bajada de los peajes a la industria electrointensiva. Otro de los puntos de la sesión es la votación de los diez únicos diputados, uno por grupo parlamentario y cuatro de estos pertenecientes a partidos independentistas, que estarán autorizados para acceder a materias clasificadas como secretas, que recibirán información sobre el uso de los fondos reservados y que podrán controlar las actividades del CNI.

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:11

Sucedió lo que todos temían. A pesar de las medidas de seguridad que rodeban este jueves la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban ante la Comisión de Secretos Ofiales, como el depósito de los móviles de los diputados en una caja cerrada o la obligación de no revelar su contenido al tratarse de información sensible para la seguridad nacional, los diferentes grupos presentes se apresuraban nada más terminar a convocar ruedas de prensa para trasladar sus impresiones. A juicio de muchos era la demostración de que no se debía dar acceso a secretos del Estado a grupos como ERC, JxCat, EH Bildu y la CUP por considerarlos como enemigos de la unidad nacional.

Poco antes de terminar la comparecencia de Paz Esteban, el diputado de ERC Gabriel Rufián ofrecía ya detalles en la televisión pública catalana. "Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales", señalaba haciendo hincapié en que no incumplía la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso ya habían sido "filtradas" a los medios de comunicación.

REVELACIÓN DE SECRETOS

Ciudadanos y Vox sopesan querellarse contra Rufián. Edmundo Bal, portavoz de los naranjas le acusaba de revelar a la prensa secretos de Estado tratados en esa comisión después de que sostuviera ante los medios que los políticos independentistas que fueron espiados sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado y que, con otros organismos, se señala a Interior. Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, lamentaba por su parte que nada más salir hayan sido reveladas cuestiones de las tratadas por parte de algunos miembros.


Rufián se escudaba en que su alusión a "otro país o a otro organismo estatal" como responsable del espionaje es una "interpretación" y que en la comisión no ha habido secretos "ni oficiales ni extraoficiales" porque "no se ha dicho nada que el CNI no haya filtrado ya".

DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS

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Fuentes del partido naranja han trasladado que estudian acciones legales contra Rufián al considerar que puede haber cometido un delito de revelación de secretos, recogido en el artículo de 598 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión la revelación de información "legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional".

En este artículo se recoge que "el que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años".

El articulo siguiente, el 599 del mismo Código añade: "La pena establecida en el artículo anterior se aplicará en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- Que el sujeto activo sea depositario o conocedor del secreto o información por razón de su cargo o destino.

- Que la revelación consistiera en dar publicidad al secreto o información en algún medio de comunicación social o de forma que asegure su difusión.

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REGLAMENTO DEL CONGRESO

Al margen de la pena de prisión, también cabe considerar lo establecido en el artículo 99 del Reglamento del Congreso de los Diputados, mediante el cual, la Mesa de la Cámara Baja podría privar a algún parlamentario "de alguno o de todos los derechos" , "cuando quebrantare el deber de secreto establecido en el artículo 16 de este Reglamento. En este supuesto, la Mesa del Congreso, en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a la seguridad del Estado, podrá directamente proponer al Pleno la adopción de las medidas previstas en el artículo 101 de este Reglamento. ¿Y qué dice este artículo? Alude a la suspensión temporal en la condición de Diputado.

¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE SECRETOS OFICIALES?

Según la legislación es la encargada de ejercer el control parlamentario de las actividades del CNI y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Según explican los letrados del Congreso, sobre el contenido de la información proporcionada de esta manera, los diputados tienen el deber de reserva.

COMISIÓN DE GASTOS RESERVADOS

La comparecencia de la directora del CNI ha sido la primera sesión de la Comisión de Gastos Reservados, que hasta ahora no se había podido constituir en el Congreso porque los independentistas no tenían asegurados los 210 votos que se exigían para ser autorizados para acceder a secretos oficiales.

El Gobierno se comprometió a activar la comisión y la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, tuvo que rebajar ese listón mínimo para así sortear los vetos de PP, Vox y Ciudadanos a los portavoces independentistas.



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