En los últimos años, la política andaluza ha ido ligada al caso de los ERE. Desde el año 2011, las decisiones tomadas en la Junta de Andalucía han compartido actualidad con las del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Durante todos estos años, los focos de atención se han centrado en la actuación de Mercedes Alaya, que no ha estado lejos de polémicas y rumores. Uno de los factores más comentados ha sido su “doble vida” entre la justicia y la política.

La investigación señala que existieron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a los ERE con la creación de los “fondo reptiles”. En el presunto delito se ejecutaron prejubilaciones fraudulentas, subvenciones a empresas o personas fantasmas y comisiones por encima del valor de mercado. Se estima que el fraude total rondaría los 136 millones de euros, pero un informe emitido por el Ministerio de Economía y Competitividad fijo la cantidad en 152 millones de euros.

Los inicios

El Caso ERE comenzó con la investigación en un caso de cohecho en la empresa Mercasevilla. En dicha empresa, se quería abrir una escuela de hostelería con una subvención de 900.000 euros aportada por la Junta de Andalucía. Al empresario responsable del proyecto le ofrecieron, a cambio de la mitad de la subvención, futuras ayudas para dar cursos de formación. Este caso acabo con la condena de dos exdirectores de Mercasevilla y  de Juan Rivas, exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía. Rivas fue absuelto porque el Tribunal Supremo determinó que durante la investigación se había vulnerado su presunción de inocencia.

Falsas jubilaciones

Otro de los casos más sonados fue el de las falsas prejubilaciones. La Junta de Andalucía subvencionó prejubilaciones en 68 empresas a través de varios planes gubernamentales de empleo. Mediante los “fondos reptiles” se repartieron 560 millones para subvencionar prejubilaciones y 87 millones para reactivar empresas en crisis.

El fraude se ejecutó por la inclusión de prejubilados en los expedientes de regulación de empleo relacionados con las empresas beneficiadas, por lo que no habían tenido nunca relación con estas entidades o señalaron una vida laboral mayor a la trabajada. Después del análisis de los expedientes, la investigación señaló que el 1,12 % de los fondos, aproximadamente 9 millones de euros, acabaron en falsas jubilaciones.

Los ERE y la vida política

El parlamento andaluz denegó la apertura de una comisión de investigación, esta decisión se produjo mientras el PSOE-A tenía mayoría absoluta. Los otros dos partidos políticos, Partido Popular e Izquierda Unida, acusaron al entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de la no creación de dicha comisión, ya que sospechaban que podría tener relación con el caso de los ERE. En Junio de 2012, después de las elecciones autonómicas y la llegada al Gobierno andaluz del PSOE con Izquierda Unida, se creó esta comisión en la que compareció a petición propia José Antonio Griñán.

La comisión finalizó en noviembre de 2012. El Partido Socialista exigió responsabilidades al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. Izquierda Unida a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera; mientras que el Partido Popular centró la máxima responsabilidad en los expresidentes autonómicos; Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los principales señalados

La acusación de los populares sobre los expresidentes de la junta ha sido la que más se ha repetido en los medios de comunicación. Senador y diputado, respectivamente, no se consideran imputados si no lo determina así el Tribunal Supremo, el único órgano competente para juzgarlos.