En este episodio hay más ruido que nueces, pero lo cierto es que Gobierno se ha encontrado hoy con otro imprevisto en el camino de sus decretos sociales, lo que podría dejar en vía muerta la ampliación de los permisos de paternidad que tendrían que entrar en vigor el próximo 1 de abril. La Mesa del Congreso, a petición de Ciudadanos, ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para que diluciden si ese “real decreto sobre medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, que así se llama, puede ser aprobado en la Diputación Permanente de la Cámara.

Y es que, según el portavoz de la formación naranja, Ignacio Prendes, ese texto del Gobierno modifica una ley orgánica, algo que fue prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional, en una sentencia en la que anulaba algunos artículos de la reforma que Felipe González hizo de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial utilizando ese mismo camino.

Si los letrados determinan que hay visos de inconstitucionalidad, Ciudadanos pedirá entonces en la reunión de la Mesa prevista para mañana a las once, que no se tramite ese real-decreto del Gobierno. Y si esa petición es respaldada por la mayoría de ese órgano (fundamentalmente por el PP) el próximo 1 de abril no entraría en vigor la ampliación de los permisos de paternidad porque el real-decreto decaería. Aunque lo cierto es que las posibilidades de que triunfen las tesis de la formación naranja, son mínimas.

El partido de Albert Rivera está dispuesto a asumir el costo electoral que ello pueda suponer, porque, según Prendes, “el mayor costo sería admitir que un Gobierno puede hacer lo que quiera con la cámara disuelta, y seguir con su propaganda desde la mesa del Consejo de Ministros”.

El portavoz socialista, Rafael Simancas, ha puesto el grito en el cielo y ha asegurado que no hay nada ilegal en la iniciativa del Gobierno, porque el contenido de la ley modificada no es el referido a materia orgánica, por eso, advertía a PP y a Ciudadanos que están rozando “el delito de prevaricación”. La propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, admitía en una conversación informal con los periodistas que, a su juicio, el decreto-ley del Ejecutivo, es perfectamente constitucional, pero el PP ha decidido apoyar esa petición de informe de Ciudadanos a los letrados, para que no quede duda alguna.

La Mesa ha decidido hoy además, que esos reales-decretos del Ejecutivo se puedan tramitar como proyectos de ley. ¿Y qué supone esto? Que, si así lo decide la mayoría de la Diputación Permanente, los grupos estarán facultados para presentar enmiendas al texto original del Gobierno, lo que podría alterar sus planes.