La consecuencias de la conocida como 'ley del solo sí es sí', la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se empiezan a notar. Fuentes jurídicas han constatado a COPE que ya han salido a la calle cinco presos condenados por delitos sexuales gracias a las rebajas de las condenas por la aplicación de la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Dos de ellos han salido en Baleares, otros dos en Madrid -uno de ellos un profesor que abusaba de sus alumnos- y un quinto en Galicia, concretamente en la provincia de Orense.

Además otros ocho han visto reducida la pena de sus condenas, en la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia y en Castilla y León (Segovia).

Un goteo de revisiones que está provocando fisuras en el seno del Gobierno de coalición. En la órbita socialista crecen las voces para actuar con celeridad ante el impacto en la opinión pública mientras censuran a Irene Montero y esta ley, uno de los proyectos estrella del Ministerio de Igualdad.

La ley estableció que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión, pero también trajo una reducción en las horquillas de algunas penas en sus tramos mínimos que ha conducido a las defensas de agresores sexuales a solicitar la revisión de sus condenas.

Fue motivada por la oleada de manifestaciones feministas tras la polémica sentencia de la Manada, que consideró la violación de una joven un abuso sexual y no una agresión -resolución que después modificó el Tribunal Supremo-, la nueva ley puso el foco en la necesidad de regular el consentimiento expreso en las relaciones sexuales.

Se borró entonces el abuso sexual del Código Penal y cualquier acto sexual sin consentimiento es ya una agresión sexual, con penas de hasta 8 años si hay alguna circunstancia agravante. Si hay penetración, se considera violación, con una pena máxima de 15 años.

La norma introdujo nuevas circunstancias para agravar los castigos -como anular la voluntad de la víctima con fármacos o drogas-, pero también redujo las penas mínimas de algunos delitos: para el reo de violación ahora se contempla una pena mínima de 4 años, frente a los 6 del anterior Código Penal, y en el caso de que la víctima sea menor de 16 años, sería una pena mínima de 6 años frente a los 8 de antes.

Pues bien, paradójicamente esa sentencia que dio lugar a la nueva ley, puede reducir los años de cárcel de uno de los condenados de La Manada. El abogado de este grupo, Agustín Martínez se encuentra trabajando en un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, en aplicación de esta ley.

Aunque el abogado no ha precisado a quién podría beneficiar el recurso, la nueva ley sólo podría permitir en la práctica reducir en un año la pena de Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016. Los otros cuatro jóvenes sevillanos también condenados suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozoblanco y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja.

En su opinión "hay una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una una reforma muy positiva centrándose en el elemento del consentimiento cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior". A su juicio, lo que se ha hecho con la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual es "absolutamente absurdo", por lo que ha emplazado a Irene Montero a aclarar "por qué se han bajado todos los mínimos de las penas", algo que considera "inexplicable y que no tiene ningún sentido" al punto de que se llega a "despenalizar algún tipo de delito, por más escandaloso que pueda resultar".

Decenas de condenas susceptibles de ser revisadas

Esa reducción de los tramos inferiores de las penas ha motivado ya algunas reducciones de condenas a agresores sexuales por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

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Expertos juristas no dudan de que habrá 'muchas más" condenas a revisar porque, dicen, así lo fija el Código Penal, que contempla el efecto retroactivo de aquellas "leyes penales que favorezcan al reo".

Por el momento, en Madrid, los presidentes de las quince secciones de la Audiencia Provincial se reunirán el próximo 25 de noviembre para unificar criterio, y la Fiscalía General del Estado está estudiando, caso por caso, las revisiones de condenas a agresores sexuales y si lo estima necesario elaborará una circular para unificar criterios.