La reforma del delito de sedición, recogido en el Código Penal, ha vuelto a situarse en el centro del debate político en las últimas horas, de manera paralela a las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2023. La Generalitat insiste al Gobierno en llevar a cabo esta reforma, mientras que desde Moncloa apuntan que "no observan un cambio de mayorías que permitan avanzar en esta dirección".

Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del 'procés' fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios. Hasta la fecha, se han producido reformas de esa ley orgánica, pero la sedición sigue sin tocarse. A poco más de seis meses de las elecciones municipales y autonómicas, y con la mirada puesta en las generales, el Gobierno asegura que mantiene su compromiso, aunque recalca que no tiene que ver con el apoyo de ERC a los Presupuestos y subraya que no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar la reforma.

Qué es el delito de sedición

El delito de sedición está incluido en el Código Penal, entre los delitos contra el orden público y castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Está penado con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez años si se trata de los líderes de la sedición y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.

Cómo afectaría a Puigdemont la reforma de la sedición

En caso de que se rebajaran las penas por sedición, la reforma afectaría tanto a los condenados por el 'procés' que fueron indultados, como a aquellos que permanecen fugados, entre los que se encuentra el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

La reforma afectaría a la toma de las medidas cautelares, medidas que se fijan en función de la pena y el problema puede estar, según explican fuentes jurídicas a COPE, en que si la condena se rebaja a 3 años de cárcel, influye en la prisión preventiva porque esa condena con los beneficios penitenciarios puede quedar reducida y el procesado podría evitar el ingreso en prisión preventiva. Además, el riesgo de fuga se contempla en función de la pena. En definitiva, en caso de acortarse los plazos de prescripción, se acercaría una posible vuelta de los fugados a España.

En cuanto a los nueve condenados que lo fueron por sedición y que solamente fueron indultados por la pena de cárcel, una reforma del delito de sedición que rebajara el tiempo de prisión supondría también aminorar la pena de inhabilitación, un cambio que podría beneficiarles en base al principio de retroactividad a favor de reo.