Colegio de Abogados da de baja al letrado que estafó a marido de Lollobrigida

El Colegio de Abogados de Madrid ha dado de baja a Javier Saavedra, condenado a seis meses de prisión y a dos años y medio de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía por estafar al empresario barcelonés Javier Rigau, marido de la actriz italiana Gina Lollobrigida, cuando fue cliente de su despacho.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ordena ejecutar la comunicación del Colegio de Abogados de Madrid, cuya Comisión de Deontología y Honorarios acordó la baja del letrado el pasado 9 de julio.

La comisión tomó esta decisión en base a la sentencia del Tribunal Supremo que mantuvo la pena de seis meses de prisión pero elevó de uno a dos años y medio la condena de inhabilitación impuesta al abogado para el ejercicio de su profesión y de 2.160 a 3.240 euros la multa al apreciar la continuidad delictiva en la deslealtad profesional, alegada por Rigau en su recurso.

El Supremo avala el relato de hechos probados de la Audiencia de Madrid que considera probado que a partir de octubre de 2006 el empresario barcelonés, casado con la actriz Gina Lollobrigida, sufrió una campaña de desprestigio en medios de comunicación, en los que se le tildaba de "mentiroso, gigoló y delincuente".

Jaiver Rigau contrató al conocido abogado Javier Saavedra -que defendió entre otros al exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a la duquesa de Alba- para que interpusiera las demandas necesarias para defender su derecho al honor.

Recibió una cantidad de importe desconocido para presentar 44 demandas en nombre de Javier Rigau y otras cuatro en nombre de su madre -aunque de éstas últimas no presentó ninguna- así como otra cantidad para pagar a procuradores.

El acusado, que administraba el dinero que ingresaba su propio bufete, decidió interponer durante 2007 y 2008 sucesivas demandas en las que reclamaba a los demandados entre 200.000 y 300.000 euros.

Sin embargo, Saavedra desatendió su labor en algunos casos, en los que no llegó a interponer ninguna demanda o llegó a renunciar a las que sí había presentado a pesar de que Rigau le había provisto de fondos para cubrir los costes.

Saavedra llegó a engañar a Rigau solicitándole el doble de la fianza que en realidad le pedía el juzgado, dejó de aportar documentación esencial y confió el trabajo a una única procuradora para participar en 20 demandas que ni siquiera llegó a cobrar.

Por ello la Audiencia de Madrid le condenó por un delito de deslealtad profesional al considerar que perjudicó a su cliente al no aportar la documentación necesaria, renunciar y desistir de procedimientos sin conocimiento del empresario y presentar demandas a través de otra letrada que no estaba autorizada.