El Gobierno de España declaró el estado de alarma por la crisis del coronavirus el pasado 14 de marzo. Este, por el momento, permanecerá hasta el 11 de abril activo, siendo el Gobierno el responsable máximo de todas las decisiones que se tomen para hacer frente a la pandemia. Por el momento en España se han registrado 110.238 casos positivos en COVID-19. Lo que ha provocado un bloqueo en el país y, sobre todo, un colapso en los hospitales. La falta de prevención y medios ha indignado a varios sectores profesionales que no han dudado en mostrar su malestar al Gobierno.

Estos colectivos profesionales se han rebelado contra el Gobierno

Los último en sumarse a estas quejas han sido La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Quienes han urgido al Gobierno a que agilice las contrataciones en la Sanidad y ha criticado que en marzo haya incluso 3.000 contratos menos que el año pasado. Al mismo tiempo que ha lamentado el desplome del empleo el mes pasado.

En un comunicado, CSIF ha lamentado la pérdida de 833.979 puestos de trabajo al cierre marzo por el impacto del COVID-19. Lo que supone la mayor caída de su historia, y ha recordado que en la Sanidad sólo se han registrado 7.085 nuevos contratos.

Este mismo organismo denunció ante el Tribunal Supremo el 31 de marzo al ministro de sanidad, Salvador Illa. El CSIF acusaba así al ministro por delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral, al no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Pero no han sido los únicos que han tomado acciones legales contra el Gobierno. La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) ha presentado una querella criminal contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa por delitos de infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por homicidio imprudente grave.

Una querella criminal que viene motivada por la gestión que se ha llevado a cabo desde ambos ministerios en el Estado de Alarma. La Guardia Civil está recurriendo a particulares y empresas privadas para conseguir material de protección como son guantes y mascarillas. Ya que el Gobierno no les aporta el material suficiente para no correr el riesgo de contagiarse mientras trabajan.

Los periodistas también muestran su desacuerdo con las limitaciones impuestas a su trabajo

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Con motivo del estado de alarma los periodistas no pueden asistir a las ruedas de prensa que realiza el Gobierno para informar de la situación del coronavirus. La única manera que tienen los profesionales de la información de preguntar a los responsables es enviar sus preguntas a Moncloa. Los periodistas se quejan de que estas son filtradas y se comete censura al obviar las cuestiones que no son del agrado del Gobierno. Los periodistas también piden que se puedan realizar las preguntas en directo y tener la posibilidad de repreguntar si no se contesta a lo formulado.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió en defensa del Gobierno y aseguró que “no hay una censura concreta”. También afirmó en una entrevista en TVE que “las preguntas que llegan en el momento y directamente por el conjunto de medios”.