El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha explicado hoy que la mayoría de las universidades incumplen la Ley de Universidades (LOU), "en particular" el porcentaje máximo permitido del 40 % de la temporalidad de las contrataciones de su personal, pero no los criterios de calidad.

En rueda de prensa para presentar un nuevo real decreto sobre homologaciones de títulos universitarios, Castells se ha referido así al informe que presentó el pasado día 18 el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que afirmaba que las universidades incumplen de forma generalizada las normas de calidad que marca el real decreto de 2015 y el nuevo decreto que prepara su cartera.

Según el ministro, "solo incumplen once universidades de las 87 algunos de los criterios" que marca el nuevo decreto; lo que ocurre "es que la mayoría lo que incumplen es la LOU en vigencia y en particular el porcentaje de temporalidad fijado en un 40 % y superado por la mayoría".

"¿Qué pasa que son ilegales y de mala voluntad? No, que con un 21 % de reducción de los fondos para las universidades públicas en la última década prodigiosa, con toda la buena voluntad del mundo han intentado funcionar como han podido y han hecho contratos de los que han podido", ha señalado.

A consecuencia de ello, ha añadido, se ha creado "una precariedad extraordinaria en el sistema universitario y, por tanto, se ha incumplido la LOU".

Además de los criterios de calidad que establece el decreto, "hay que seguir cumpliendo lo que dice la Ley de Universidades hasta que hagamos la LOSU (la futura reforma del sistema universitario) y en la que se especificará lo que se debe cumplir".

El criterio de calidad que se añaden "solo los incumplen once de la 87 universidades", ha insistido.

El informe "¿A qué puede llamarse universidad?" de la OSU, una plataforma de análisis y reflexión sobre la universidad formada por profesores, personal de administración y servicios de las cuatro universidades públicas de Barcelona, UAB, UB, UPC y UPF, analizó el grado de cumplimiento de los requisitos marcados por la normativa en 48 universidades públicas y 33 privadas españolas.