La junta de tratamiento de la cárcel Mas Enric de El Catllar (Tarragona) ha acordado permitir a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell salir de prisión tres días a la semana, durante nueve horas, para llevar a cabo labores de voluntariado y cuidar a un familiar de edad avanzada.

Según ha informado el Departamento de Justicia, la junta de Mas d'Enric ha acordado este miércoles flexibilizar el segundo grado penitenciario de Forcadell, mediante la aplicación del artículo 100.2, igual que hiciera la semana pasada la cárcel de Lledoners con los Jordis.

Las salidas aprobadas por Mas d'Enric para Forcadell son de aplicación inmediata, aunque deben ser avaladas por el juzgado de vigilancia penitenciaria, previa consulta a la Fiscalía.

El plan de salidas previsto por la junta de tratamiento permite a Forcadell abandonar la cárcel un total de tres días entre semana, a razón de nueve horas diarias, incluido el desplazamiento de ida y vuelta al centro penitenciario.

La expresidenta del Parlament y de la ANC, condenada a once años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo, ha logrado beneficiarse del 100.2 tras entregar la documentación pertinente al centro penitenciario que acredita que en las salidas que le concedan llevará a cabo labores de voluntariado y se hará cargo de su madre, de edad avanzada, han apuntado fuentes jurídicas.

La semana pasada, la junta de tratamiento de Lledoners acordó flexibilizar el régimen de los Jordis: el expresidente de la ANC podrá salir tres días a la semana y cinco el líder de Òmnium Cultural, para ir a trabajar y participar en actividades de voluntariado.

La Fiscalía no se ha pronunciado aún sobre el 100.2 aplicado a los Jordis, aunque se opuso a los permisos de 72 horas que la junta de tratamiento de Lledoners ha propuesto para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, al entender que no están arrepentidos de los hechos por los que se les condenó.

La juez de vigilancia penitenciaria, no obstante, desoyó a la Fiscalía y este martes acordó conceder el mencionado permiso a Jordi Cuixart.

En las últimas semanas, los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo han iniciado los trámites para flexibilizar el segundo grado penitenciario en que la Generalitat los clasificó el mes pasado y reunir la documentación necesaria para acreditar que tienen la posibilidad de trabajo remunerado o de voluntariado fuera de la cárcel.

El 100.2 lo proponen las juntas de tratamiento de las cárceles -integradas por juristas, psicólogos, educadores sociales, médicos y maestros- y los eventuales recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona, a diferencia de la clasificación penitenciaria, en que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador.