El PP considera que la proposición presentada por PSOE y Podemos para limitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando esté en funciones es un "fraude de ley" y una "mutación constitucional" por cauces ajenos a una reforma de la Constitución.

Limitar los poderes del CGPJ cuando su mandato haya caducado es, entiende el PP, una modificación "no amparada ni por la letra ni por el espíritu de la Constitución", que se produce además durante un estado de alarma, lo que contradiría el artículo 169 de la Carta Magna.

Así lo defiende la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, en el escrito de reconsideración que ha remitido a la Mesa de la Cámara Baja, al que ha tenido acceso Efe y donde pide replantear el acuerdo que el pasado miércoles permitió tramitar la reforma por la vía de urgencia.

También reclama el grupo popular que la Mesa reconsidere la decisión de no encargar un informe sobre esta reforma al propio Consejo General, como pidió el PP, que considera que sería imperativo si la reforma se hubiera tramitado como un anteproyecto de ley.

El PP, que presentará además una enmienda a la totalidad, considera un "evidente fraude de ley" que el Gobierno haya optado por la vía de la proposición de ley para tramitar la reforma; un "subterfugio" para esquivar los informes.

Además, consideran que se vulnera la exigencia europea de "consultar tanto a los sectores implicados como a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en el caso de plantearse reformas que puedan afectar a la independencia del poder judicial".

Y se hacen eco de la solicitud del propio CGPJ para que se le dé audiencia en la tramitación, así como a la Comisión de Venecia y a la asociaciones judiciales, de fiscales y sindicatos con implantación en la judicatura.

Con este escrito, respecto al que la Mesa deberá pronunciarse una vez oída la Junta de Portavoces, el PP quiere frenar la tramitación exprés de esta proposición y que sé escuche a los agentes afectados.

Los partidos del Gobierno registraron esta proposición de ley para limitar el CGPJ cuando esté en funciones tras dos años de bloqueo en la renovación del órgano de Gobierno de los jueces a causa de la falta de acuerdo entre PSOE y PP.