El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real Decreto de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 28 de abril.

La campaña electoral queda reglamentada por el artículo cuatro de este Real Decreto, en el que se establece que durará 15 días: comenzará a las 00 horas del viernes 12 de abril y finalizará a las 24 horas del viernes 26 de abril.

Las Cámaras resultantes de la convocatoria electoral se reunirán en sesiones constitutivas el 21 de mayo a las diez horas, cuando ya estará en marcha la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 26 de mayo. 

El 28 de abril serán elegidos 350 diputados, con Madrid como la provincia con mayor número de escaños (37), uno más que en la anterior convocatoria de 2016; seguida de Barcelona (32), que también elegirá uno más; y Valencia (15), uno menos que en las últimas generales. 

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el 28 de abril implicará que la campaña electoral coincida con la Semana Santa y que la constitución de las nuevas Cortes Generales se produzca en plena campaña de los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo.

El decreto de convocatoria de las generales será el que confirme los detalles, pero la legislación electoral condiciona ya el calendario. La norma deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes 5 de marzo para entrar en vigor el mismo día.
 

La Diputación puede convocar decretos
 

Ese 5 de marzo se disolverán las Cortes Generales elegidas el 26 de junio de 2016 y sólo permanecerán en pie las Diputaciones Permanentes de las dos Cámaras, que son reflejo de la composición de los respectivos Plenos. Aquellos diputados y senadores que no formen parte de una Diputación Permanente, sea como titulares o como suplentes, perderán su condición de parlamentario y su aforamiento.

La Diputación Permanente del Congreso, además, tendrá capacidad para convalidar decretos ley del Gobierno mientras no se renueve la Cámara y se constituya un nuevo Pleno.

En ese decreto se detallará también el número de diputados y de senadores que se elegirán en cada provincia y en el caso del Congreso suele haber alguna variación puntual en función del censo electoral, aunque respetando la cifra global de 350 escaños.

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Los electores, de vacaciones
 

Asimismo, la norma confirmará la duración de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 12 de abril y que concluirá a las doce de la noche del viernes 26. Es decir, se desarrollará en plena Semana Santa, ya que este año el 14 de abril es Domingo de Ramos, el 19 es Viernes Santo y el 22 es Lunes de Pascua, festivo en parte de España y fin de la operación especial de tráfico que cada año se organiza en estas fiestas.

Por último, el real decreto pondrá fecha a la constitución de las nuevas cámaras, que no tiene una previsión fija pero que, para dar tiempo a la resolución de los recursos, la proclamación oficial de resultados y la expedición de credenciales a los nuevos diputados, suele ser unos 23 días después de la jornada electoral.

Es decir, se calcula que el Congreso y el Senado se constituirán entre el 15 y el 23 de mayo, en plena campaña de las siguientes elecciones, las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

Posibles negociaciones conjuntas 

Una vez constituido el Parlamento, el Rey iniciará la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria para proponer a un candidato a la Presidencia del Gobierno. Salvo que el resultado del 28 de abril dé una mayoría clara y definida, lo más probable es que no haya acuerdos de investidura antes del 26 de mayo.

De hecho, podrían coincidir las negociaciones para la Presidencia del Gobierno con las que se tengan en cada comunidad autónoma y en los ayuntamientos.

En todo caso, una vez que el Rey proponga un candidato a jefe del Ejecutivo, se convocará la sesión de investidura, que de resultar fallida pondría en marcha la cuenta atrás para nuevos intentos antes de expirar el plazo de dos meses para convocar de nuevo las elecciones, tal y como ya sucedió tras los comicios de diciembre de 2015.