La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) liderará la acusación popular contra los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados en la Audiencia Nacional por presunta pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos.

Junto a la AVT habían solicitado personarse en la causa Vox, la Asociació Catalana de Victimes D'Organizacions Terroristes y la Asociación Española de Guardias Civiles, pero, en un auto, el juez Manuel García Castellón ha comunicado que todas las acusaciones deberán litigar bajo una única representación.

Y esa será la de la AVT, que fue la primera que presentó la querella en este caso y que deberá abonar la fianza de 8.000 euros fijada para ejercer la acusación popular, aunque el resto de acusaciones tendrán que pagarle una parte proporcional.

En un comunicado, la AVT destaca el elevado importe de esa fianza, pero asegura que, dada la trascendencia de los hechos, harán todos los esfuerzos necesarios para poder ser parte en este proceso judicial.

El pasado 26 de septiembre el juez García Castellón decretó prisión sin fianza para los siete miembros de los CDR detenidos tres días antes en Cataluña ante la sospecha de que ultimaban acciones terroristas de cara al aniversario del 1-O, según sostiene la Fiscalía.

El magistrado de la Audiencia Nacional los envió a prisión al entender que, a la luz de los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos