El Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia presentada por Vox contra los alcaldes de las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate y contra la formación política EH Bildu por enaltecimiento del terrorismo, tras los homenajes a expresos etarras en estos dos municipios.

Según ha informado Vox, el juez, en un auto notificado este viernes, ha acordado acumular esta denuncia en el mismo procedimiento en el que se tramita las denuncias que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) interpuso por los mismos hechos.

En esta causa, el juez ha ordenado ya a la Guardia Civil que identifique a los convocantes, a los participantes y organizadores que hayan encarnado actos concretos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, así como a las personas que agredieron a periodistas.

En su escrito ante la Audiencia Nacional, Vox denunció a los alcaldes de ambas localidades y a EH Bildu, formación política que gobierna en ambos consistorios, por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Para el partido que lidera Santiago Abascal, debido al historial delictivo de los dos terroristas, José Javier Zabaleta y Xabier Ugarte Villar, estos hechos constituyen un enaltecimiento de los actos que llevaron a cabo y por los que fueron condenados entre ambos a más de 200 años de prisión.

"Vox mantiene que estas acciones deben quedar excluidas de todo amparo legal y debe decaer cualquier derecho fundamental de expresión o libertad pues tratándose de terrorismo, éste constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre", aseguró el partido en un comunicado.

Los recibimientos se produjeron el fin de semana del 27 y 28 de julio en esas localidades y fueron luego denunciados ante la Audiencia Nacional por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y Vox.

Uno de ellos fue al exdirigente de ETA José Javier Zabaleta, Baldo, en Hernani, tras finalizar su condena de 29 años de cárcel en la prisión de Zuera (Zaragoza), y otro en Oñate a Xabier Ugarte Villar, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, tras cumplir 22 años en la cárcel de Topas (Salamanca).

Los actos suscitaron las críticas de partidos y de instituciones, entre las que destaca la del Gobierno Vasco, que exigió a la izquierda proetarra que deje de organizarlos; el lehendakari, Iñigo Urkullu, los rechazó y pidió a sus organizadores que tengan un "mínimo de ética".