La Asociación de Fiscales ha denunciado este martes la "intromisión ilegítima" del Gobierno en el cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, y ha alertado del "inquietante precedente" que supone este "ataque a la independencia de criterio e imparcialidad" de la Benemérita.

En un comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales traslada su "malestar" ante la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar a Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza".

En este sentido, advierte de la implicación que esta decisión pueda tener en la "imagen de independencia e imparcialidad" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y de la Guardia Civil en particular, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial en el marco de una investigación penal.

El del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó este lunes a Pérez de los Cobos "por pérdida de confianza". Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.

Horas después de este cese, el general Laurentino Ceña ha presentado su dimisión como director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, un cargo que asumirá el general Pablo Salas, hasta ahora jefe de los Servicios de Información.

Por todo ellos, desde la Asociación de Fiscales han reiterado su firme apuesta "por la independencia" de la Guardia Civil respecto de "cualquier injerencia del poder Ejecutivo siempre que actúe como Policía Judicial en el marco de una investigación criminal abierta por un Juzgado -como es el caso- o en unas diligencias de investigación de la Fiscalía".

"En estos casos ha de actuar siempre con sujeción estricta a las órdenes y directrices de Jueces y Fiscales", ha enfatizado la asociación, que ha recordado que esta función está recogida en la Constitución y en las leyes procesales "como garantía de una real y efectiva separación de poderes, principio básico de nuestro proceso penal y del propio sistema democrático".