Desestima un recurso interpuesto por Prolege y respalda la decisión del juez del caso Neurona

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la investigación contra la gerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal en el marco del denominado 'caso Neurona'.

En un auto de 17 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección 30 ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular ejercida por Prolege contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid de archivar la línea de investigación relativa a Val por la implementación de los dos complementos salariales y respecto al abono de los gastos de desplazamiento de ella y del tesorero del partido Daniel de Frutos.

En concreto, el juez Juan José Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia --de la que partió el caso 'Neurona'-- como posibles sobresueldos. El pasado 18 de junio, sin embargo, dictó el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito.

Escalonilla ya había acordado en marzo archivar provisionalmente esta línea de investigación al concluir que Val podía acordar los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación 'morada', pero ante un recurso de forma de Vox reabrió la causa.

En aquel momento, el juez alegó que la nueva documentación aportada por Podemos llevaba a pensar "indiciariamente" que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.

Finalmente, el instructor tuvo en consideración la declaración como testigo del ex gerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera. También analizó la documentación aportada por Podemos a la causa, incluido el Código Ético de la formación. Concluyó que no se apreciaba delito.

REPROCHA QUE SE INTENTE HACER UNA "AUDITORÍA GENERAL"

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo al considerar que "no queda debidamente justificada la perpetración del delito de administración desleal".

Los magistrados han explicado que la duda que en un principio le surgió al juez instructor sobre si Val tenía o no facultades para aprobar la escala salarial queda despejada por la normativa interna y la propia conducta del partido político, que ni siquiera denunció los hechos ni cesó a Val por ello.

En el marco del auto, los magistrados han parafraseado el escrito de impugnación de Podemos y han destacado que, "en efecto", parece que la acusación popular ejercida por Prolege "está empeñada en poner en entredicho la política retributiva de dicha formación política para considerar que algunos de sus empleados no son mecedores de determinados complementos salariales, como si de una nueva auditoría general se tratara".