Un acuerdo adoptado en secreto por el Consejo de Ministros del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 15 de octubre de 2010, circunstancia que podría invalidar su eficacia, es el que ahora utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez para torpedear la investigación judicial del 'caso Gali', la operación procurada por el Ejecutivo del PSOE y Podemos para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Según la información publicada por ABC, la Abogacía del Estado se ha visto forzada a aportárselo al juez como coartada para que los imputados no desvelen los datos al magistrado que lleva tiempo reclamándoselos. Cabe recordar que se investigan los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento, y que los dos imputados hasta el momento son la exministra Arancha González Laya y el que fuera su jefe de gabinete en la cúpula de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino.

El controvertido acuerdo del Consejo de Ministros del expresidente Zapatero convierte en materia reservada, en la práctica, cualquier gestión, trámite, documento, negociación o manejo que se haga desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. La información publicada por ABC detalla —además— que a cualquiera de las materias “se otorga con carácter genérico la clasificación de secreto”, así como “a los actos, documentos , informaciones, datos y objetos sobre las mismas, cuya revelación no autorizada puede dañar o poner gravemente en riesgo la seguridad y defensa de España o de sus aliados y amigos, así como los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales y las relaciones diplomáticas con terceros países”.

El acuerdo detalla en catorce puntos las “materias” objeto de secreto oficial. Entre estas, destacan las acciones relacionadas con “cuestiones de asilo y refugio”, o los “casos humanitarios especialmente sensibles y las gestiones con terceros países en este ámbito”. Son dos supuestos en los que encajaría ahora el continuo silencio con el que están respondiendo ante el juez del caso Gali los dos imputados y su abogada del Estado.

En este sentido, el acuerdo secreto también recoge que puede declararse secreta toda “información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos de naturaleza política, social, económica o comercial que puedan comprometer los intereses españoles o su capacidad de interlocución con terceros países”.

Sobre este acuerdo, al que ha tenido acceso ABC, se entiende ahora que ni se publicó ni se informó del mismo. De hecho, la reseña correspondiente a aquel 15 de octubre de 2010 y que el gabinete de comunicación de La Moncloa difunde tras cada reunión del Consejo de Ministros, ocultó que se hubiera adoptado este acuerdo sobre materias secretas y reservadas de Asuntos Exteriores.