Los miembros de la Policía Nacional han visto este viernes abonada en sus nóminas la cantidad comprometida con el Gobierno correspondiente al segundo tramo del acuerdo de equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas.

Así lo informa el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en un comunicado en el que recuerda que representantes sindicales de este Cuerpo y asociaciones de la Guardia Civil suscribieron este acuerdo con los responsables del Ministerio del Interior en marzo del pasado año.

El SUP destaca que durante este año el incremento salarial que cada miembro de la Policía Nacional ha experimentado en su nómina es de aproximadamente 180 euros brutos mensuales.

Añade que esta cantidad, unida a la percibida el pasado octubre de 2018 y a la correspondiente subida aprobada para la función pública, eleva a 380,38 euros brutos mensuales más el montante que de media percibirá cada policía respecto a diciembre del 2017.

"Frente a las numerosas 'fake news' y a las dudas intencionadamente suscitadas respecto a su ejecución, el SUP pone en valor el éxito de la negociación y del acuerdo suscrito", agrega.

Asimismo valora "el compromiso de los distintos gobiernos que, impulsados por la mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario y con un apoyo ciudadano sin precedentes, abordaron y materializaron el reconocimiento y la reparación de agravio sufrido durante más de tres décadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado respecto a otros cuerpos policiales que operan en España".

De todas formas el SUP advierte de que una vez constituido el nuevo Gobierno tras la celebración de las elecciones generales mantendrá su firme compromiso de vigilar que en 2020 se lleve a cabo el cumplimiento íntegro de la equiparación en los términos pactados "de forma transparente, sin ambages y evitando cualquier indeterminación por parte de los responsables de Interior".

Igualmente trabajará en el impulso de la cláusula octava del acuerdo prevista para el desarrollo de una ley de retribuciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que regule tanto la singularidad de la labor policial frente a la generalidad del resto de la función pública como jubilaciones, dietas y demás conceptos pendientes de abordar por la Administración con este colectivo.