PSOE y PP siguen sin llegar a un acuerdo de renovación para el CGPJ

La campaña electoral para el 23 de julio comenzará con el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Su actual presidente, Rafael Mozo, se jubila el próximo mes y no parece que, a corto plazo, se vislumbre un acuerdo PP-PSOE para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Es difícil de explicar, dicen fuentes del Consejo General del Poder Judicial, a la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety. Se trata de nombrar al suplente del presidente suplente y se encuentran en una situación inédita.

Rafael mozo se jubila en julio y, en el último pleno, aseguró que no iba a intentar nada para continuar. El sustituto natural, el vocal de mayor edad, es Vicente Guilarte, ha propuesta del PP y considerado un vocal que va por libre.

Guilarte es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valladolid y tiene despacho de abogados, algo que debería dejar para ser presidente suplente, aunque las fuentes consultadas señalan que la ley no dice nada de esto. Guilarte ya comunicó que había dado su última clase en la universidad.

El no estar a tiempo completo en el Consejo genera cierto debate. Antes del pleno del 19 de julio deberían tener este asunto resuelto.

Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha calificado de "anomalía constitucional y democrática" la no renovación de este órgano, que se tenía que haber llevado a cabo hace cuatro años y medio, por lo que ha reclamado que después de las elecciones, en cuanto estén constituidas las cámaras, se produzca esta renovación para terminar "con una situación que está produciendo bastantes perjuicios, como las vacantes que hay en el Tribunal Supremo que no se han cubierto".

El presidente del CGPJ ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración de un curso en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca. Mozo ha recordado que el Estado responda por estos perjuicios a los ciudadanos, es un derecho contemplado en la Constitución y que los jueces "somos independientes, pero también responsables y sometidos al imperio de la ley" y eso implica que las personas puedan reclamar indemnizaciones si consideran que se han visto perjudicados por el sistema judicial no ha operado como debía