Pedro Sánchez lleva a Isabel Díaz Ayuso al Constitucional por exigir autorización judicial para autorizar la eutanasia en discapacitados. La Comunidad de Madrid denuncia la intención electoral del recurso aprobado por el Consejo de Ministros en vísperas del 28-M. La impugnación afecta a la norma madrileña que creó en febrero una Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad y que queda provisionalmente en suspenso en espera de una decisión del alto tribunal.

El texto regional reclama el aval de un juez para autorizar la eutanasia. Esta cláusula pretende proteger el derecho reconocido a la vida. Sin embargo, La Moncloa niega la mayor. Lo ha hecho apenas una semana después del enredo del Dos de Mayo con Félix Bolaños, aunque se empeñan en rebatir la relación causa-efecto entre episodios. Para el equipo de Ayuso se trata claramente del intento de Sánchez de meter la eutanasia en campaña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid marcó este martes los comicios como un "momento decisivo" en el que los españoles tendrán que elegir entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "o España". Ayuso ha subrayado que estas elecciones del 28 de mayo "no son unas más", pues lo que "está en peligro es España tal y como la conocemos; nuestra convivencia, nuestra prosperidad y nuestra libertad". Hizo un llamamiento "a todos los ciudadanos de todo pensamiento" una mayoría suficiente para poder defender "todo lo que más nos importa, lo que compartimos todos los españoles de bien, pensemos como pensemos".

Las medidas

COPE te explicaba este lunes que la campaña es ya propia de unas generales. Sánchez se ha situado totalmente en el foco yendo a las urnas con todo su arsenal propagandístico y apenas deja pasar un mitin sin formular una iniciativa en el intento de salvar parte del poder que conquistó el PSOE en 2019, que admite la sala de máquinas que no podrá retenerse. Convertido el Consejo de Ministros en una extensión de Ferraz, ha comprometido durante este fin de semana una partida de 560 millones para inversión en educación pública o la financiación de las vacaciones de los jóvenes de entre 18 y 30 años, que podrán viajar en Interrail por Europa a mitad de precio.