Un año y tres meses después de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, las organizaciones que representan a los más de 4 millones de personas con discapacidad en España siguen sientiéndose señalados y discriminados por la medida. Más que ofrecerles la muerte explican en COPE lo que quieren son las ayudas que necesitan para vivir.

Consideran que casi 10 por ciento de la población ha sido discriminada y señalada su discapacidad en la Ley de Eutanasia que han llevado sin éxito ante el defensor del pueblo porque si ser mencionados se ven designados por la definición de quienes pueden acceder a solicitar su propia muerte en la legislación, a saber, quienes “sufren un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.

“Muchas personas (en el ámbito de la discapacidad y de la dependencia) pueden cumplir ese requisito que describe la ley pero lo que debemos preguntarnos más allá de los requisitos es cuál es la motivación que lleva a una persona a pedir morir, eso es lo que hay que ver porque institivamente nos agarramos a la vida aunque estemos muy mal. Nadie quiere morir lo que queremos es dejar de sufrir” explica en COPE Mar Ugarte adjunta a la presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD).

Para Luis Cayo, presidente de CERMI, el comité español de representantes de personas con dispacidad que solicitó sin éxito en marzo de 2021 la mediación del Defensor del Pueblo: “no pedimos ese derecho a la eutanasia y nos lo dan casi obligadamente. Imaginaos que en lugar de describir una situación de discapacidad se dijera que tienen derecho a solicitarla los mayores de 70 años o las mujeres se echarían las manos a la cabeza, generaría escándalo y polémica”.

“No queremos que la discapacidad sea relevante a efectos de cumplir condiciones de acceso a la eutanasia porque consideramos que perpetúa en el sesgo que en hay en el imaginario colectivo sobre las personas con discapacidad como vidas de menor valor o ciudadanos de segunda que no merecen la pena vivir cuando hay una dignidad inherente a cada persona que no se puede atacar”, subraya Cayo.

Tanto antes de la aprobación de la ley como después quienes agrupan a las principales asociaciones de personas con discapacidad se han movido para hacer valer su punto de vista, su sentimiento de discriminación. Consideran que la medida es contraria a la Declaración que sobre Discapacidad y Derechos Humanos firmó España en 2006 “al señalar innecesariamente a las personas con discapacidad” y por ello acudieron al Comité de la ONU de discapacidad quien se pronunció a su favor sin que finalmente los legisladores en nuestro país atendieran ese requerimiento.

Quisieron llevar la ley de eutanasia al Tribunal Constitucional como ya han hecho el Partido Popular y VOX pero ante la imposibilidad de hacerlo como asociación le pidieron su mediación al Defensor del Pueblo para cambiar la terminología de la ley. Finalmente la institución que dirige Angel Gabilondo rechazó intervenir alegando que precisamente que ya había dos recursos de inconstitucionalidad, los planteados por los mencionados partidos políticos.

“Las leyes solo las pueden llevar al Tribunal Constitucional 50 diputados o senadores, el defensor del pueblo y las comunidades autónomas y sus parlamentos. Y por ello nosotros no podíamos y decidimos acudir al Defensor del Pueblo que perdió una oportunidad de defender una visión exigente de derechos humanos en discapacidad ante una ley, la de eutanasia, que en ciertos aspectos es antigua y no asume los avances en materia de discapacidad de las dos últimas décadas” lamenta.

La prioridad son los recursos y las ayudas, no la muerte

La verdadera oportunidad para quienes tienen discapaciad o dependencia no es proponerles la muerte subrayan sino brindarles los apoyos que necesitan. Consideran y así lo explican en COPE que antes de abordar la eutanasia es preciso que se cumpla la ley de dependencia y aprobar una Ley de Cuidados Paliativos y de Prenvención del Suicidio.

“Hay que dar a las personas la oportunidad de vivir que es lo que quieren la mayoría de las personas y es muy peligroso plantear el servicio de la muerte como una oportunidad. Llevamos muchos años reivindicando recursos que necesitan las personas con discapacidad, TEA, daño cerebral, salud mental, baja visión, enfermedades raras o atención temprana. Estamos pidiendo recursos y leyes nacionales de atención, protocolos de mejora, recursos no solo económicos sino también profesionales y esto tiene que ir previo (a la eutanasia) por dignidad” afirma Ugarte.

Explica en COPE que lo que las organizaciones a las que engloban reclaman es que haya una buenísima ley estatal de cuidados paliativos para las personas que están en situación terminal o que sufren y que no existe a pesar de que llevan 30 años reclamándolo y los apoyos necesarios para las personas en situaciones complicadas que muchas veces brillan por su ausencia.

A su juicio: “el texto legal puede crear una invitación pública a las personas con discapacidad sobre todo a las que tienen discapacidades graves y/o trastornos de salud mental a terminar con su vida. Las personas vulnerables se pueden ven empujadas por presiones reales o imaginarias a solicitar esa muerte prematura porque pueden hacerlo”.

Para la adjunta a la presidencia del CEDDD “a mí hay un tema de la ley que me duele que es cuando dice que este servicio está cubierto por el sistema nacional de salud en recursos y ya sea en instituciones públicas o privadas o incluso en el domicilio pues pienso que eso es justamente lo que necesitamos pero para todo lo demás para atender a las necesidades reales de la dependencia y la discapacidad”.

Considera que la ley no está contemplada para las personas con discapacidad y que basta con “escuchar al comité de bioética de España, a la Organización Mundial de la Salud o a la ONU”.

Ya en septiembre de 2020, y casi 10 años después de que un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se posicionase en contra de la legalización de la eutanasia, el Comité de Bioética de España, órgano consultivo del Gobierno, consideró que la eutanasia no podía ser un “derecho subjetivo” por lo que no debía articularse como prestación pública tal y como finalmente fue aprobado por el Congreso de los Diputados. En su informe no vinculante abogaban por universalizar los cuidados paliativos y proponían protocolizar el recurso a la sedación paliativa para los casos de sufrimiento no controlables mediante los tratamientos disponibles.

En diciembre de 2020 fue el Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas consideró que la ley de eutanasia supone “una depreciación de las personas con discapacidad” y consideraba que el texto español “discrimina y estigmatiza” a las personas con discapacidad como “vidas de menor valor”.

Fue su respuesta a una petición de CERMI sobre el proyecto legislativo españo que acabó publicándose en el BOE el 10 de diciembre de 2020 con el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular y Vox.