El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra la Ley de Vivienda, así como aquellos de los Gobiernos regionales de Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía contra la misma norma por considerar que invade sus competencias.

Fuentes del tribunal de garantías han informado de que el Pleno ha aprobado la admisión a trámite de todos los recursos que afectan a distintos apartados de la Ley Estatal de Vivienda.

Los gobiernos regionales recurrieron una vez que los servicios jurídicos de sus administraciones consideraban que la norma invade competencias recogidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Vulneración del derecho a la propiedad

Mientras que el recurso del PP plantea la posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local.

La Ley por el Derecho a la Vivienda permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas y prevé recargos de entre el 50 y el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años.

Posibilita una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, impide los desahucios sin fecha y hora, e incluye nuevas prórrogas que permite aplazarlos.

Prohíbe el pago de las rentas en metálico y la venta de vivienda pública a fondos de inversión; fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del arrendador y obliga a reservar un 40 % del suelo urbanizable y del 20 % del suelo urbano no consolidado para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.