El Congreso de los Diputados debate y vota este jueves si se dan las circunstancias para mantener suspendidos los objetivos de déficit, como defiende el Gobierno, que es el paso previo para la presentación de los Presupuestos de 2023.

Todo apunta a que el Pleno del Congreso volverá a avalar, por tercer año consecutivo, que se dan las circunstancias extraordinarias previstas en la Ley de Estabilidad para dejar sin efecto las reglas fiscales, en este caso justificadas por el estallido de la guerra en Ucrania y la crisis energética.

De hecho, fuentes del entorno del PP apuntan que el partido votará a favor de la apreciación, aunque exigirá al Gobierno que diseñe una senda de corrección del déficit a medio plazo, como han reclamado insistentemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España.

Tradicionalmente, la aprobación de los objetivos de déficit y deuda constituye el pistoletazo de salida para la presentación del proyecto presupuestario del ejercicio siguiente, pero desde el inicio de la pandemia ese procedimiento ha sido sustituido por la suspensión de los objetivos.

A falta de metas vinculantes, el Gobierno estima que el déficit público cerrará el próximo año en el 3,9 % del PIB, frente al 5 % del PIB estimado para este año.

Con esa base aprobó en julio un techo de gasto para 2023 de 198.211 millones de euros, un 1,1 % superior al de este año y un máximo histórico, que no está sujeto a la aprobación de la Cámara.

Sin embargo, este techo de gasto se asienta en una previsión de crecimiento económico del 2,7 %, cada vez más alejada de las presentadas por la mayoría de instituciones, por lo que podría necesitar un ajuste en la revisión del cuadro macroeconómico.

El proyecto presupuestario de 2023, que el Gobierno pretende presentar a finales de septiembre o principios de octubre para que esté en vigor el 1 de enero, será el que estructure el último año de la legislatura, marcado por los sucesivos procesos electorales.