El de los jóvenes es uno de los colectivos más castigados por la crisis. Hay más de medio millón en paro. Por eso el Gobierno ha dado el visto bueno este viernes a un plan de choque por el empleo juvenil para el periodo 2019-2021. Incluye 50 medidas, “ambiciosas” según el Ejecutivo. Sin embargo el papel lo aguanta todo. Expertos consultados por COPE ven “cosmético” parte del texto. El gran reto que se marca el Ejecutivo es reducir la tasa de paro de los menores de 25 años diez puntos, al 23,5%. Eso supondría que 168.000 encontrarían un puesto de trabajo. Además se busca aumentar la tasa de actividad de los jóvenes entre 20 y 29 años hasta el 73,5%, reducir en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes e incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas. En estos tres años sumarían 2,9 millones de contratos estables. Para ello se destinarán 2.000 millones de euros, de los cuales 670 millones corresponderán a los presupuestos de 2019, 667 millones a los de 2020 y 663 millones a las cuentas de 2021.

3.000 ORIENTADORES

Gran parte del dinero se destinará a la contratación de 3.000 orientadores que se encargarán de diseñar itinerarios personalizados de inserción y de la prospección y captación de oferta. Se incorporarán a la amplia plantilla de los servicios públicos de empleo que apenas encuentran un puesto de trabajo para el 2% de los parados. Sorprendente, una muestra más de la ineficiencia del antiguo INEM. La idea es que estos orientadores entren con contratos por obra de año y medio de duración, sin que exista el compromiso por escrito del Gobierno de que posteriormente pasen a ser plantilla fija. A estos trabajadores se unirán otros 110 mediadores juveniles mediante la red SIJ-Injuve. Estos, junto a los servicio autonómicos de empleo y las oficinas públicas de empleo, informarán a los jóvenes de las nuevas oportunidades que existen dentro del mercado laboral.

En materia de formación, el Gobierno se propone conseguir que, al menos, un 43% (100.000) de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y, que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), adquieran competencias clave en Lengua y Matemáticas; formar, al menos, un 30% (80.000) de personas jóvenes en competencias lingüísticas; lograr que, al menos, 225.000 jóvenes se formen en competencias digitales, y formar a un 25% (40.000) en competencias de sectores estratégicos.

El plan también recoge una serie de programas para formar en competencias clave a como la comunicación lingüística, competencia matemática, para aquellos jóvenes con un abandono prematuro de la escolarización, y también se desarrollarán programas para formar en idiomas y competencias digitales, que estarán ligados a la contratación en puestos de trabajo "con compromiso de calidad".

ESTATUTO DEL BECARIO

El plan recoge elaborar un estatuto de las prácticas no laborales para regular los derechos de las personas en esta situación y garantizar el "carácter formativo de las prácticas, la protección social adecuada y el apoyo económico durante su realización". La idea de esta medida es que frenar la figura de los falsos becarios, que no se acabe camuflando una relación más laboral que de aprendizaje y frene la contratación entre los más jóvenes.

RETORNO DEL TALENTO

Otro de los ejes del plan aprobado por el Gobierno es facilitar el retorno de los jóvenes migrados tras la crisis. Los instrumentos serán ayudas a la reincorporación al mercado laboral, vía subvenciones al auto empleo o incentivos para las empresas a la hora de contratar. También para costear la vuelta, como ayudas al alquiler