La máquina de gasto se ha puesto en marcha. Como se esperaba, el nuevo Gobierno ha sacado la chequera en los primeros consejos de ministros para cumplir las promesas que había adquirido con varios colectivos clave, los pensionistas y los funcionarios. Sánchez se ha dado prisa en alegrar sus nóminas. No hay olvidar que suman en total casi 13 millones de votos. El problema es que no sale barato.

El alza del 0,9% de las pensiones cuesta 1.400 millones de euros y el incremento de los sueldos públicos, del 2%, supera los 3.200 millones. Eso quiere decir que en una semana el Ejecutivo ha asumido unos compromisos de gasto de casi 5.000 millones de euros para las arcas públicas. Y esta pendiente todavía el aumento del salario mínimo interprofesional que el Ejecutivo quiere negociar primero con los agentes sociales.

Más gasto mientras negocia flexibilizar el déficit

El agujero que dejan estas medidas llega cuando el Gobierno ha empezado a negociar con Bruselas unos nuevos objetivos de déficit público, más suaves. Lo que busca Sánchez con esa flexibilización es sostener el gasto que viene sin tener que aprobar una subida de impuestos adicional a la anunciada.

En las últimas horas la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha pedido a sus colegas europeos que abran la mano a España para no estrangular el crecimiento y la creación de empleo. Ha defendido que nuestro país seguirá siendo responsable con el pacto de estabilidad pero cree que la actual senda de reducción del déficit público “no es realista”. Nunca ha cumplido objetivos. Todo indica que el año pasado el desvío fue superior al 2% previsto.

De momento el comisario de Asuntos Económicos, el italiano Paolo Gentiloni, se ha mostrado dispuesto a mantener un diálogo constructivo con el Gobierno español pero no se ha comprometido a nada. Reclama al Gobierno de Sánchez que le envíe cuanto antes un borrador de Presupuestos para 2020, cuyo "punto de partida" debe ser un ajuste equivalente al 0,65% del PIB, es decir, casi 8.000 millones de euros.