Hace una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía al sector de la distribución en el foco. Lo señaló como el culpable de la crisis del campo por los bajos precios que pagaban a los agricultores y ganaderos. En los últimos días, el Ejecutivo ha reculado en sus acusaciones, entre otras cosas porque se ha demostrado que los supermercados solo venden el 7% de la producción agraria. La mayoría, el 80%, se exporta.

En lugar de buscar chivos expiatorios, el Gobierno podría hacer más para solucionar el problema. De hecho tiene en su mano tomar ya medidas para aliviar al menos parte de los elevados costes de producción que sufre el campo. Hablamos de lo que pagan en fertilizantes, gasóleo, piensos, seguros o salarios. En los últimos tiempos se han disparado y es uno de los motivos que explican la caída de la renta agraria en casi un 9% el año pasado.

El sector señala cuatro medidas que podría aprobar a corto plazo:

1.- Seguros agrarios. Son muy caros. El ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas podrían actualizar el presupuesto para alcanzar los niveles precrisis, establecidos en aproximadamente unos 420 millones de euro. Eso haría que las pólizas sean más accesibles para todos los agricultores y ganaderos, que realmente se conviertan en la herramienta que necesitan para afrontar situaciones de catástrofes climáticas y riesgos excepcionales que se dan en el campo, cada vez más habituales.

2.- Tarifas eléctricas para regadío. Es otro coste importante y una reivindicación histórica. Quedó recogida en la Ley de Medidas urgentes para la Sequía aprobada hace más de un año pero aún no se ha aplicado. El sector exige la aplicación de la doble potencia, flexibilizar la firma de contratos de temporada. “Es completamente necesario que se aplique para que se adecue a los costes reales de los sistemas de regadío teniendo en cuenta que en estas explotaciones la potencia se utiliza durante 6 o 7 meses. No tiene sentido estar pagando durante 12 meses con el sobrecoste que esto conlleva”, según cuenta a COPE José Luis Miguel director técnico de COAG. Es decir, se quejan de que pagan mucho por potencia los meses que riegan y los que no. En este último caso “regalan el dinero” lo que pone en riesgo la viabilidad de muchos regadíos.

3.- Bonificaciones en el salario mínimo. Con Sánchez, el salario mínimo interprofesional ha subido casi un 30% en dos años, hasta los 950 euros. El incremento ha provocado la destrucción de casi 50.000 puestos de trabajo en el campo en 2019. El sector reclama medidas compensatorias, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

4.- Fiscalidad del combustible y de los fertilizantes. El Gobierno puede ayudar a reducir una factura cada vez más elevada. El gasóleo cerró 2019 con su precio más alto en cuatro años. Los fertilizantes subieron un 6,6%.

Son medidas que las organizaciones agrarias han incluido en el plan de choque que han pedido al Gobierno.