OCU ve insuficientes la propuestas del Gobierno sobre alquiler de viviendas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ve insuficientes las propuestas de la Ley de Vivienda anunciadas por el Gobierno y por ello pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas "urgentes y más ambiciosas" en este ámbito.

La OCU celebra el anuncio de destinar 50.000 viviendas del Sareb al alquiler social, pero cree que llega tarde y que el número de ellas es insuficiente, ya que el parque público de vivienda social en alquiler es de unos 290.000 inmuebles (180.000 de las comunidades autónomas y 110.000 de los ayuntamientos y entidades dependientes).

Esas son cifras, según explica, del Boletín Especial de Vivienda Social publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019, y desde entonces -sostiene- "apenas ha crecido".

Pueden parecer muchas viviendas -dice la OCU-, pero sólo supone una cobertura al 1,6 % de los hogares españoles y está muy lejos de la media europea, que alcanza el 9,3 %.

La organización considera que las administraciones deberían multiplicar por cinco el parque de viviendas públicas en alquiler promoviendo su construcción mediante la concesión de suelo público o adquiriendo viviendas libres y desocupadas.

Otra opción para la OCU, aunque fuera temporal, sería la concesión de ayudas directas al alquiler para quien más lo necesite.

Los consumidores creen que la limitación del precio de alquiler que propone el Gobierno puede servir para estabilizar los precios a corto plazo, pero por otra parte también obliga a los propietarios de viviendas en alquiler a asumir la mayor parte del coste de la falta de acceso a una vivienda asequible.

A medio plazo, además, "pueden generar efectos contrarios", porque en su opinión "la falta de seguridad jurídica provocará que la oferta siga siendo reducida y los precios no lleguen a un punto de equilibrio, con lo que se puede volver a una cronificación de la escasez de alquiler, como ha sucedido en décadas pasadas".

Por todo ello, solicita al Gobierno un debate "amplio y abierto" sobre la futura Ley de Vivienda antes de que sea aprobada, en el que participen las organizaciones sociales, las de consumidores y las de propietarios.