Las autonomías mantienen la mediación laboral que suprime Castilla y León

Prácticamente todas las autonomías, gobernadas tanto por el PSOE como por el PP, mantienen el modelo de mediación laboral con participación de sindicatos y patronal que ha suprimido el Ejecutivo PP-Vox de Castilla y León, en una decisión que el Gobierno está dispuesto a llevar a los tribunales.

La última polémica entre ambos gobiernos, después de la del protocolo para mujeres embarazadas, surge por la decisión del ejecutivo autonómico de dejar sin financiación en sus presupuestos de 2023 al Servicio de Relaciones Laborales (Serla) regional, una fundación puesta en marcha en 1997 por sindicatos y patronal para labores de conciliación, mediación y arbitraje.

El consejero castellanoleonés de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), ha afirmado que su Consejería no ha "eliminado" el Serla sino que ha dejado de financiarlo; que se trata de una asociación privada entre sindicatos y empresarios que pueden sufragar estos si desean mantenerla y que sus funciones ya las desempeña con una "efectividad superior" el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Administración regional.

Aunque el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha pedido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que "no se preocupe" porque las funciones de mediación que hasta ahora ejercía el Serla están "garantizadas" por su Gobierno, la también ministra de Trabajo y Economía Social le ha instado a "restaurar" el servicio o si no el Estado acudirá a los tribunales.

Según el recuento realizado por las delegaciones de EFE en las distintas comunidades, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco mantienen órganos de mediación laboral con participación de los agentes sociales.

Por el contrario, solo dos, Canarias y La Rioja, tienen encomendada esta tarea a órganos de la administración autonómica, si bien en ambos casos sin que ello suponga un enfrentamiento con los sindicatos, que sí están en otros órganos.

En Canarias, las funciones de arbitraje y mediación las desempeña un órgano administrativo denominado SEMAC (Servicio de Mediación y Arbitraje de Canarias), al tiempo que patronales y sindicatos sí están representados en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, que tiene carácter asesor, y en la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, que se dedica desde 1998 a la intermediación laboral, orientación y empleo.

Por su parte, en La Rioja funciona para estos cometidos la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales de la Consejería de Desarrollo Autonómico, que cuenta con secciones de Relaciones Laborales, de Economía Social, Conciliación y Responsabilidad Social de las Empresas y de Infracciones y Sanciones.

En el resto de territorios funciona el modelo en el que participan directamente los agentes sociales, también en las otras comunidades del PP, como Andalucía, donde existe el Sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales (SERCLA), integrado por la Junta, los sindicatos y la patronal, que desde su puesta en marcha en 1999 ha evitado la pérdida de 47 millones de horas de trabajo por huelgas.

Galicia cuenta con el Consello de Relacións Laborais, participado también por los agentes sociales, y la Xunta no tiene intención alguna de suprimirlo ni se estudia en absoluto su eliminación, igual que ocurre en Madrid con la Fundación Instituto Laboral, integrada por el Gobierno regional y los sindicatos y que es fruto de un Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos renovado en 2018.

Igualmente, el Servicio de Relaciones Laborales del Gobierno de Murcia, fruto de un acuerdo tripartito de 2001, mantendrá sus funciones como hasta ahora.

Con el mismo modelo, la Generalitat de Cataluña cuenta con un servicio de mediación laboral que ha intervenido en muchos de los conflictos laborales más sonados en los últimos tiempos en Cataluña, entre ellos, el que se produjo en 2020 con el anuncio del cierre de las plantas de la automovilística Nissan en Barcelona, que afectó a más de 2.500 trabajadores.

En Euskadi, el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) -del que salió en 2008 la central mayoritaria en la comunidad, ELA- funciona como un órgano de encuentro entre empresarios y sindicatos y de resolución de conflictos entre ellos, además de ser un órgano consultivo en materia sociolaboral del Gobierno y Parlamento vascos.

Al contrario que en Canarias y La Rioja, el modelo con presencia directa de los agentes sociales está vigente en el resto de comunidades gobernadas por el PSOE, como Aragón, donde el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), creado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, es financiado íntegramente por el Gobierno autonómico.

En Asturias funciona desde 2003 el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), una fundación tripartita constituida por el Gobierno autonómico, patronal y sindicatos que ofrece procedimientos de mediación y arbitraje ante conflictos laborales.

El órgano balear con competencias mediadoras en conflictos laborales para tratar de evitar procesos judiciales es el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB), constituido en 1995 al amparo de una fundación que integran los principales sindicatos y patronales y que en 2022 gestionó 12.655 expedientes por conflictos laborales, 84 de ellos de carácter colectivo.

La Fundación Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha se constituyó en 1997 como un órgano para ejercer labores de conciliación, mediación y arbitraje en materia laboral en beneficio de las empresas y las personas trabajadoras de la región, y en 2022 realizó 242 mediaciones con cerca de un 50 % de acuerdos.

En la Comunidad Valenciana existe la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral, dependiente de la Dirección General de Trabajo de la Conselleria de Economía, y para el próximo 8 de febrero tiene convocada la firma del VII Acuerdo autonómico de resolución extrajudicial de conflictos.

Consultada por EFE, la Junta de Extremadura, que mantiene la Fundación de Relaciones Laborales y también Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ha señalado que quienes deciden suprimir este tipo de servicios "demuestran no creer en los derechos laborales, además de estar incumpliendo la normativa laboral más esencial, como ha dicho la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco.

En Navarra se constituyó en 1996 el Tribunal Laboral de Navarra, un órgano extrajudicial de solución de conflictos laborales creado por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y los sindicatos UGT y CCOO, que en 2021 -último año con datos- intervino en 2.276 casos, de los que casi el 63 % terminaron con acuerdo.

A su vez, el ejecutivo cántabro, que cuenta desde hace más de 20 años con un organismo, el ORECLA, participado por los agentes sociales para la resolución extrajudicial de conflictos laborales, ha dicho a EFE que su postura es "absolutamente contraria a la que ha tomado Castilla y León: a nosotros nos gustaría impulsar y mejorar en lo posible este organismo".