El Partido Popular con Mariano Rajoy al mando realizó una reforma laboral en el 2012 para "acabar con la rigidez del mercado de trabajo" y "sentar las bases para crear empleo estable". Para realizarla, el Gobierno concedió un plazo a la patronal y los sindicatos para presentar su propuesta conjunta para la reforma y ante su incapacidad de llegar a un acuerdo, acabó presentando la modificación de forma unilateral.

Principales cambios de la reforma laboral de 2012

La reforma del Partido Popular introdujo la reducción de la indemnización de los contratos temporales de 45 días por año trabajado a 33 días, con una compensación máxima correspondiente a 24 mensualidades. En el caso de despido objetivo -cuando se produzcan pérdidas- la indemnización pasó a ser de 20 días por año trabajado y se habilitó a los organismos y empresas públicas a acogerse a estos despidos objetivos. Además, se creó un contrato de un año de prueba para pymes de menos de 50 trabajadores con los que el trabajador no recibiría indemnización si la tasa es superior al 15%. Los despidos colectivos (ERE) no tiene que ser aprobado por la Consejería de Empleo de la comunidad o el Ministerio de Empleo, pero tendrá que ser autorizado por el sistema judicial.

Para finalizar los cambios en materia de despidos, pasó a considerarse justificado si el trabajador no acude a su empleo el 20% de la jornada en dos meses consecutivos, pese a que se justifique y sea de forma intermitente. Eso sí, el total de faltas en los doce meses previos tiene que llegar al 5% o de ese periodo que en cuatro meses el trabajador no asista al 25% de la jornada. Este artículo de la reforma laboral ya no está vigente, ya que se derogó en febrero de 2020.

En cuanto a los convenios, los de la empresa tienen prioridad sobre los de sector. Los empresarios tienen mayor flexibilidad para cambiar ciertos aspectos del convenio colectivo como horarios, turnos, salarios o funciones por motivos económicos, técnicos, etc. También se limitó a un año la prórroga de convenios cuya vigencia haya expirado.

La reforma contempla que sea posible capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos. Además, se introdujeron beneficios para las empresas que contraten de forma indefinida y se encarecieron las prejubilaciones.

El Gobierno del Partido Popular explicó que el objetivo por el que se impulsaron estos cambios fue la necesidad de facilitar que las empresas incorporasen nuevos trabajadores a sus plantillas, especialmente perfiles jóvenes y parados de larga duración. Además, se buscaba promover los contratos de trabajo indefinidos y que las empresas solo recurriesen al despido como última opción.

Estas novedades permitieron que los despidos a priori procedentes fuesen más baratos, mayor facilidad para modificar condiciones de los contratos, despidos colectivos en empresas y administraciones públicas, motivar la contratación indefinida y la creación de contratos concretos para pymes y emprendedores.

Modernización y mayor flexibilidad del mercado laboral

El Vicedecano del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, Vicente Llopis Pastor, opina que desde su punto de vista “han sido resultados favorables, positivos, porque han dado flexibilidad al mercado laboral, y esto es propio de países desarrollados y las naciones punteras”. Por otro lado, explica que el objetivo de aumentar en dos millones de personas era demasiado ambicioso y no se ha logrado, también en parte porque el Gobierno perdió el poder antes de los previsto debido a la moción de censura y esto “debilitó bastante lo que en principio el Gobierno de Rajoy quería lograr”.

En cuanto a los cambios aplicados, considera que la nueva normativa a la hora de realizar despidos colectivos o ERE favorable que “no fueron una gran solución, pero si han servido en situaciones críticas” y también apoya la reducción de las indemnizaciones por despido, que dieron más flexibilidad a las empresas. Además, destaca las bonificaciones que se estipularon para las empresas que contratan de forma indefinida a un trabajador.

Para él, la reforma laboral se ha logrado “cuantitativamente en parte, pero cualitativamente sí ha supuesto una modernización del mercado laboral”, por lo que afirma que tiene una opinión “relativamente favorable”.

En resumen, Vicente Llopis considera que "fue una ley bastante sensata, muy en la línea de lo que Europa está haciendo y recomienda, y además, la reforma lo que hacía era poner más dificultades a las prejubilaciones”, ya que esa reforma las hizo más caras.

Intención de derogar la reforma laboral del Partido Popular

La reforma laboral de 2012 fue muy criticada por la izquierda y el PSOE y la Izquierda Plural presentaron un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional acabó desestimando en 2015. Nueve años después el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de EH Bildu, está decidido a derogar dicha reforma, con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, como principal agitadora de la iniciativa y con Nadia Calviño, ministra de Economía como firme opositora a las medidas propuestas.

Una de las condiciones del pacto para formar el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos fue la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, ya que en su opinión esta ley vulnera los derechos laborales. En este acuerdo también fue clave el apoyo independentista, que exigían la eliminación total de la reforma, pero el PSOE reculó y afirmó que solo se sustituirían los “aspectos más lesivos”.

En esta negociación, el Gobierno de coalición se marcó el objetivo de luchar contra la precariedad y la contratación temporal y exigir las mismas condiciones laborales para empleados subcontratados que para los trabajadores de la empresa principal.

En cuanto a los despidos, PSOE y Podemos pretenden recuperar la autorización administrativa para los ERE con el objetivo de que las empresas tengan menos capacidad de actuación. Además, pretender limitar las capacidades de las entidades para modificar ciertos aspectos de las condiciones laborales de los empleados.

Respecto a los convenios, quieren implantar que la ultraactividad de los convenios vuelva a ser obligatoria, sin que la vigencia desaparezca al año de la firma. Además, pretenden eliminar la preferencia aplicativa para el salario base y la regulación de las condiciones de trabajo recogidas en el convenio de la empresa acorde con la del convenio del sector. También se plantea la vuelta al descuelgue salarial en casos de situación económica de la empresa muy negativa.

Un mercado laboral con menos flexibilidad

Pese a los argumentos de la izquierda, el pasado año el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya advirtió a Pedro Sánchez que su intención de eliminar esta reforma no era una buena idea. “La reforma laboral de 2012 ayudó a mejorar el empleo y la igualdad de ingresos sin un impacto sustancial en el riesgo de pobreza genera”, aseguró el organismo.

El Vicedecano del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, Vicente Llopis Pastor, considera que “la derogación de esta reforma laboral será parcial y muy reducida porque tenemos el fantasma de la unión europea y España está muy endeudada. Inclusive vamos a hacia un camino de inflación del 5,5%”. Continuando su explicación, ha añadido que se da la circunstancia de que la Unión Europea con motivo de la ‘Next Generation’ ha concedido a España 140 mil millones de euros, pero para conseguirlos “hay que cumplir una serie de condiciones” y una de estas es “no reformar el actual sistema laboral que hay en España, y si se reforma como quiere Podemos y Yolanda Díaz, posiblemente la Unión Europea no nos transferirá los 140 mil millones que nos ha prometido”.

En cuanto a las medidas para fomentar los contratos indefinidos, no está convencido de que vayan a dar resultado porque la patronal es probable que no pueda asumir tanto contrato indefinido con menos flexibilidad y en plena recuperación. En este sentido, destaca que con los tipos de contratos el Gobierno puede “maquillar” las estadísticas al contabilizar como indefinidos otro tipo de contratos.

Respecto a las expectativas de futuro de la derogación de la reforma laboral, Victor Llopis asegura que no puede enjuiciar las nuevas medidas que se han implantado, pero reconoce que “van por la línea de menos flexibilidad en el mercado laboral”. Además, reconoce que “indudablemente, los empresarios, la CEOE y la CEPYME no están muy de acuerdo” con derogar la reforma.

En resumen, las intenciones del Gobierno de coalición guían a España hacia un mercado laboral menos flexible y contrario a la vía europea. Lo más probable es que esta derogación se produzca solo en algunos puntos, ya que una de las condiciones para recibir los fondos europeos es mantener la actual reforma laboral. Pero para esto, aún se tienen que poner de acuerdo las distintas partes del Gobierno y poner fin al enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño.