El Gobierno ha aprobado esta semana un real decreto ley por el que establece la nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) en el 7,09%, frente al 7,39% actual, ofreciendo además mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031, incluido, con el fin de poner fin a la litigiosidad, especialmente por parte de los inversores en los tribunales internacionales, por aquel 'hachazo'.

La decisión del Gobierno no va a hacer que suba el recibo de la luz, pero sí va a evitar que baje, algo que iba a pasar en los próximos meses. En nuestra factura, además del consumo, el equipo y otros parámetros, pagamos una prima. Un recargo por los beneficios que tienen las renovables, y que están indexados. Estos recargos obedecen a un variable y a un fijo, como ocurre con las hipotecas que se calculan con el “Euribor +”.

En el caso de la electricidad, la referencia es el Bono del Estado a 10 años más 300 puntos básicos. El Bono ha bajado, así que el recibo nos saldría más barato porque hubiéramos tenido que pagar menos en primas. En concreto, si hubiera mantenido ese método, habría supuesto una bajada hasta el 4,7% de rentabilidad en lugar del 7,4% de ahora.

El Gobierno, a través del Decreto, lo ha dejado fijo y garantizado en ese 7,4% que supone más de 7.000 millones de Euros a cargar en el recibo de los consumidores. Con las cuentas anteriores, habría supuesto 5.500 millones de Euros.

NO SALEN LAS CUENTAS

La Ministra de Transición Ecológica justifica este cambio de criterio en recuperar la confianza de las renovables en un momento en que el Ejecutivo quiere apostar de nuevo por estas energías. Lo cierto es que el Gobierno está tratando de frenar las denuncias por inseguridad jurídica que presentaron muchas de estas compañías en los tribunales europeos tras los recortes en las inversiones del Estado por la crisis. Se han pagado indemnizaciones por valor de 800 millones y quedan demandas por 10.000 millones.

Teresa Ribera cree que, al fijar el aumento de la rentabilidad, las empresas retirarán las demandas pendientes. Esos 10.000 millones demandados podrían suponer según los expertos 5.000 millones en compensaciones. La extensión de la rentabilidad se ha fijado hasta el año 2.031 y la cantidad extra total que pagaremos en los recibos hasta entonces se calcula que será de 18.000 Millones de euros.