Cuidado con los pagos con tarjeta para el año que viene: Hacienda vigilará las transacciones que superen 25.000 euros anuales
La medida no prohíbe pagar con tarjeta por encima de ese umbral, sino que establece que todas esas operaciones o conjunto de operaciones deberán quedar registradas y comunicadas
Una persona introduce una tarjeta de crédito en un cajero
Madrid - Publicado el
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Desde el próximo 1 de enero de 2026, el pago con tarjeta dejará de ser un mero mecanismo cómodo para los particulares y se convertirá en una fuente relevante de información para el fisco.
La normativa que modifica la Ley General Tributaria obliga a que los bancos y entidades financieras remitan cada año a la Agencia Tributaria datos de todos los titulares de tarjetas que realicen pagos que superen los 25.000 euros anuales.
La medida no prohíbe pagar con tarjeta por encima de ese umbral, sino que establece que todas esas operaciones o conjunto de operaciones deberán quedar registradas y comunicadas, de modo que Hacienda pueda cruzar esa información con los datos que ya dispone sobre rentas, patrimonio y actividad económica.
¿En qué consiste este nuevo control?
Las entidades bancarias tendrán la obligación de enviar un informe anual con los siguientes datos: la identificación del titular y de las personas autorizadas en la cuenta o tarjeta; los números de tarjeta y cuentas vinculadas; el volumen de cargos y abonos realizados durante el año; y el importe global de los pagos efectuados.
La obligación abarca tarjetas de crédito, débito, prepago o virtuales, y tanto para compras en comercios físicos como en plataformas online. Se aclara que no se requiere que se registre el detalle de cada compra (qué se ha comprado, dónde, etc.), sino únicamente los importes totales que superen el umbral.
Para autónomos y empresas, la medida se aplica sin límite mínimo de gasto, lo que significa que todos los movimientos con tarjeta quedan potencialmente bajo el radar fiscal.
¿A qué se debe esta medida?
La norma se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por combatir la economía sumergida, el blanqueo de capitales y el uso irregular de tarjetas para ocultar rentas o actividades que no han sido declaradas. Según el artículo, el 24 % del PIB español se mueve en la economía informal, lo que afecta directamente a la recaudación y, por tanto, al funcionamiento de servicios públicos esenciales como sanidad, educación o pensiones.
Además, se enmarca dentro de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y en las directrices de la Unión Europea para mejorar la trazabilidad del dinero electrónico.
El objetivo, por tanto, es doble: aumentar la transparencia financiera y reforzar los mecanismos de control tributario, adaptándose al hecho de que cada vez menos dinero se mueve en efectivo y más mediante pagos electrónicos.
Lo que deben saber los ciudadanos
Este nuevo mecanismo de control supone una evolución clara del aparato tributario hacia una mayor digitalización y vigilancia de los flujos de pago. En un contexto donde el efectivo pierde protagonismo y los pagos electrónicos crecen, el Estado adapta su estrategia para no quedarse atrás.
Al mismo tiempo, los ciudadanos y entidades deberán asumir que lo que hasta ahora se consideraba “normal” en pagos —usar tarjeta, hacer compras grandes— puede ahora tener implicaciones fiscales que antes apenas existían.
La medida plantea un equilibrio delicado: entre reforzar la justicia fiscal y no ahogar la normalidad del consumo y la inversión privada; entre garantizar la transparencia y no vulnerar derechos de privacidad y protección de datos.